La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de tres hombres en Miguelturra, Ciudad Real, como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal y delitos contra los derechos de los trabajadores. Uno de los detenidos enfrenta además cargos por agresión sexual y violencia de género, después de que se le acusara de haber mantenido relaciones sexuales con una de las trabajadoras del club de alterne sin su consentimiento.
Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de una mujer que expresó haber sido forzada a ejercer la prostitución en un conocido club de alterne en la localidad. La investigación reveló que la gestión del local estaba a cargo de varios individuos que operaban bajo una estructura criminal organizada, utilizando el engaño, la intimidación y las amenazas para controlar a las trabajadoras sexuales. En algunos casos, estas eran retenidas hasta un 50% de las ganancias de cada servicio.
El caso se inició cuando la víctima viajó a Ciudad Real bajo falsos pretextos, convencida de que iba a reunirse con uno de los detenidos, quien le prometió un trabajo como camarera. Junto a una amiga, ambas fueron recogidas por los ahora arrestados, quienes les impusieron condiciones que las llevaron a ejercer la prostitución. Uno de los hombres visitaba frecuentemente el club para exigir pagos y forzar a la trabajadora a mantener relaciones sexuales.
La Policía ejecutó un mandamiento de entrada y registro del local, donde identificaron a otras 13 trabajadoras, la mayoría en situación irregular, que también enfrentaban condiciones laborales abusivas. Durante la operación, se incautaron documentos, pasaportes de mujeres extranjeras, pistolas simuladas de gas airsoft y aproximadamente 2.500 euros en efectivo. Además, se ordenó la clausura cautelar del establecimiento.
Se ha revelado la existencia de un sistema de multas aplicable a las trabajadoras del club. Si alguna de ellas se negaba a prestar un servicio sexual por motivos como enfermedad o menstruación, se les imponían sanciones económicas que variaban entre 50 y 100 euros, generando así una deuda que debían saldar mediante futuros servicios sexuales. Este tipo de prácticas son comunes en organizaciones que se dedican a la trata, creando un vínculo de deuda entre las mujeres explotadas y sus explotadores, lo que a menudo conduce a la retención de documentos personales y la extorsión a familiares en el país de origen.
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. Para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia de estos delitos, la Policía Nacional ofrece una línea telefónica, el 900 10 50 90, y un correo electrónico ([email protected]), asegurando la confidencialidad de las denuncias.
