La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación que ha permitido desarticular un entramado criminal presuntamente dedicado a estafar a migrantes en situación irregular en España. La organización ofrecía falsos trámites de residencia a cambio de sumas que alcanzaban hasta los 8.000 euros, utilizando documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares. Además, emitía resguardos de protección internacional falsos, a un precio de hasta 1.000 euros, generando la falsa impresión en las víctimas de que estaban en proceso de regularización legal.
La investigación se inició en octubre de 2024 en la provincia de Teruel, donde se detectó una solicitud de autorización de residencia que presentaba irregularidades, como la falta del correspondiente certificado de inscripción de pareja. Esto llevó a los agentes a descubrir múltiples trámites administrativos fraudulentos en diversas provincias del país, donde se constató que varias personas eran utilizadas como reagrupantes sin su consentimiento.
La red operaba en varias provincias y contaba con una estructura organizada para captar clientes. Su funcionamiento se vio facilitado por la colaboración de un funcionario del ayuntamiento de un municipio de Toledo, quien presuntamente alteraba datos en registros oficiales y ofrecía asesoramiento sobre cómo crear arraigos y empadronamientos falsos. Esta colaboración era crucial para dar una apariencia de legalidad a los trámites fraudulentos.
Los miembros de la organización aprovechaban la vulnerabilidad de sus víctimas, muchas de las cuales no tenían un conocimiento adecuado del marco jurídico español. Les ofrecían supuestas vías de legalización mediante autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, cobrando entre 3.000 y 8.000 euros dependiendo del trámite. Uno de los métodos más comunes de estafa era la falsificación de resguardos de solicitud de protección internacional, que se vendían como documentos válidos, a pesar de su falsedad.
Los investigadores también descubrieron que el grupo proporcionaba a los migrantes asesoría ficticia sobre cómo actuar ante autoridades para evitar la detección, incluyendo directrices sobre qué declarar. La operación finalizó con seís registros domiciliarios y la detención de 12 personas en diferentes provincias: 5 en Guadalajara, 4 en Madrid, 2 en Toledo y 1 en Barcelona. Durante estas intervenciones, se incautaron 13.670 euros en efectivo, equipos electrónicos y una gran cantidad de documentación relacionada con la investigación.
