La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación Namib, resultando en la detención de cinco personas e investigando a 18 más por su presunta implicación en el comercio y tenencia ilícita de ejemplares de fauna silvestre. Durante esta operación, se ha desarticulado una red delictiva internacional dedicada al tráfico de especies protegidas.
Los arrestos se han realizado en diferentes localidades de la provincia de Cáceres, que cuenta con nueve investigados, además de cuatro en Málaga, uno en Badajoz, otro en Lugo, uno más en Ciudad Real, otro en Almería y finalmente, uno en Madrid. Esta red operaba tanto a nivel nacional como internacional, dado que algunas de las especies detectadas procedían de Portugal. Se dedicaba al transporte, comercialización y tenencia ilegal de especies animales que están incluidas en los Apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), cuyo comercio está estrictamente prohibido o fuertemente regulado.
La operación, que ha durado más de un año, ha contado con el apoyo técnico del personal de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que gestiona el convenio sobre el comercio de especies protegidas. Las actuaciones se han llevado a cabo en varias provincias del territorio nacional, incluyendo Madrid, Málaga, Lugo, Ciudad Real, Almería y Badajoz, además de Cáceres, donde se han concentrado los esfuerzos operativos.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha sido el encargado de desarrollar la operación. Durante las inspecciones realizadas en establecimientos de venta de especies exóticas, almacenes y domicilios particulares, se han inmovilizado alrededor de una treintena de ejemplares de fauna protegida. La mayoría de estos ejemplares son aves exóticas de la familia de los psitácidos, incluyendo guacamayos, loros yacos africanos de cola roja, cotorras del sol y amazonas aestivas. También se han incautado reptiles como tortugas de espolones africanos y tortugas leopardo, así como especies invasoras, destacando una suricata, un mamífero carnívoro originario del extremo sur de África.
Los detenidos podrían enfrentarse a penas de entre seis meses y dos años de prisión por delitos contra el medio ambiente y la protección de la flora y fauna. Además, se arriesgan a sanciones económicas significativas y, en cualquier caso, a la inhabilitación especial para actividades relacionadas con la tenencia o comercio de animales. La Guardia Civil ha subrayado que la gravedad de estos delitos radica en que no solo atentan contra la biodiversidad y el equilibrio ecológico, sino que también contribuyen al deterioro de ecosistemas frágiles y a la extinción de especies de alto valor ecológico, científico y cultural.
