Desde su ascenso al poder en 2022, Giorgia Meloni ha enfrentado desafíos en su ambiciosa promesa de reformar la política migratoria de Italia, centrada en externalizar la tramitación de solicitudes de asilo a dos centros en Albania. Con la intención de evitar que los migrantes pisen suelo europeo, la estrategia incluyó la detención en el mar y el traslado a estos centros, donde los casos se tramitarían bajo la legislación italiana. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta, con cesiones legales que han debilitado el plan y mantenido los centros en gran parte vacíos, mientras que los costos han superado con creces las estimaciones iniciales.
El proyecto, que debería haber costado 39 millones de euros para construir los centros, acabó elevándose a más de 74 millones. La financiación se ha desviado de rubros esenciales como la educación y la salud, provocando críticas de que el gobierno ha priorizado un plan fallido sobre temas vitales para la población. Aunque Meloni justifica este gasto con la promesa de ahorros a largo plazo, el costo diario del mantenimiento de estos centros ha resultado exorbitante, cuestionando la viabilidad del modelo implementado.
En el contexto europeo, este experimento migratorio ha llamado la atención. Mientras algunos países están considerando enfoques similares, las dificultades y costos del modelo italiano sirven como advertencia. La unión entre Roma y Tirana, marcada por la historia, también plantea tensiones, y a medida que se avanza, el continente observa el desenlace de una estrategia que, lejos de resolver el problema migratorio, ha revelado las complicaciones intrínsecas de externalizar la responsabilidad sobre las solicitudes de asilo.
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