En un ambiente de tensión política, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó un desafío directo a Edmundo González Urrutia, cabeza de la principal coalición de oposición, acusándolo de ser una figura de «deslealtad» hacia la Constitución, los poderes del estado y los ciudadanos del país. Durante un evento público, Maduro invitó de forma provocativa a González Urrutia a confrontarse en las calles, insistiendo en que éste debe «dar la cara» ante la nación.
Esta confrontación se agudiza luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), liderado por Caryslia Rodríguez, aliada de Maduro, ratificara los resultados electorales que daban a Maduro la victoria para un tercer mandato consecutivo. Esta decisión ha sido fuertemente criticada por la oposición, que denuncia fraude electoral y sostiene que González Urrutia fue el verdadero ganador de los comicios.
Maduro arremetió contra González Urrutia, criticándolo por no presentarse a una «verificación» del resultado electoral convocada por el TSJ, proceso al que el líder opositor no asistió, argumentando que tal verificación no es competencia del tribunal, sino del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta ausencia fue interpretada por Maduro como una muestra de «cobardía» y fue seguida por acusaciones de que González Urrutia se estaba «escondiendo» del pueblo venezolano.
Por otra parte, la principal coalición opositora —la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)— ha rechazado el fallo del TSJ, afirmando que la soberanía pertenece intransferiblemente al pueblo venezolano. Para sostener su posición, la coalición ha publicado el «83,5 % de las actas» que, según ellos, demuestran la victoria de su candidato, declaración que ha recibido apoyo de varios países y organizaciones tanto nacionales como internacionales.
Esta situación pone de manifiesto la profunda división existente en el escenario político venezolano, donde las acusaciones de fraude y deslealtad aumentan la polarización y el descontento entre los ciudadanos. La invitación de Maduro a un enfrentamiento en las calles, en lugar de buscar canales de diálogo y reconciliación, podría exacerbar aún más las tensiones en un país ya marcado por la crisis económica, política y social.
