Conoce los derechos y plazos que determinan el desalojo de un okupa en España
Las okupaciones en España han disminuido notablemente en los últimos años. Según datos de 2023, las infracciones penales relacionadas con la usurpación o el allanamiento de inmuebles cayeron un 8,8% respecto a 2022. El año pasado se contabilizaron 15.289 infracciones, aunque sigue siendo una preocupación para casi el 54% de los españoles, según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
A pesar de esta disminución, es importante conocer los derechos que adquiere un okupa al ocupar una vivienda y los plazos que determinan su desalojo. Si una persona ocupa una vivienda, es crucial determinar si se trata de un delito de allanamiento de morada o de usurpación, ya que el primero conlleva una pena mayor. La policía puede desalojar a los okupas si han accedido sin permiso en un plazo de 48 horas, deteniéndolos por allanamiento de morada.
Procedimientos y derechos de los okupas en la legislación española
Una vez que los okupas cambian la cerradura y permanecen en la vivienda más de 48 horas, la situación se complica. Esto puede considerarse un derecho esencial, transformándose en su domicilio hasta que la Justicia dictamine lo contrario. En estos casos, los propietarios deben esperar una decisión judicial para proceder con el desalojo. Es fundamental que los dueños no tomen medidas por su cuenta, como cortar los suministros básicos, ya que podrían incurrir en delitos.
La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que se acorten los plazos de desahucios por impago de rentas. El pequeño propietario a menudo enfrenta los costes de suministro de vivienda de inquilinos vulnerables, lo que genera una carga adicional hasta que se les ofrece una solución habitacional.
Medidas propuestas para afrontar la okupación y proteger a los propietarios
Los pequeños propietarios han instado al Ministerio de Vivienda a tomar medidas efectivas y respaldadas por una legislación adecuada para abordar la okupación. La preocupación por la okupación sigue siendo alta entre los ciudadanos, y las propuestas incluyen soluciones compensatorias y la agilización de los trámites judiciales. Estas medidas buscan reducir la intranquilidad y proteger los derechos de los propietarios, asegurando que el problema se maneje de manera justa y eficiente.
Además, se ha sugerido la creación de un protocolo específico para casos de okupación, que permita una actuación más rápida y coordinada entre las fuerzas de seguridad y los tribunales. Este protocolo incluiría la identificación inmediata de los okupas y la verificación de su situación legal, lo que ayudaría a diferenciar entre casos de vulnerabilidad y aquellos que se aprovechan de las lagunas legales. Con estas acciones, se pretende proteger tanto a los propietarios como a las personas en situación de necesidad, garantizando una solución equilibrada y justa.
