Este martes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Guadalajara el juicio contra el exalcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, quien se enfrenta a cargos de malversación de fondos públicos y prevaricación. Junto a él, también están acusados cuatro individuos: M.A.J.B., A.M.C.C., M.C.J. y A.V.R. En las conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal había solicitado inicialmente para San Vidal una pena de 10 años de cárcel, mientras que para los otros acusados las penas solicitadas varían entre 2 años y medio y 5 años de prisión.
Sin embargo, las peticiones de pena podrían modificarse debido a una reciente reforma del Código Penal que impacta en la consideración de los delitos de malversación y administración desleal, lo que podría afectar las acusaciones presentadas por el Ministerio Fiscal.
El caso surgiu tras la denuncia de varias trabajadoras del Ayuntamiento, quienes expresaron su preocupación por la sospecha de que el alcalde y otros miembros de la administración municipal estaban apropiándose indebidamente de dinero del Consistorio. Las irregularidades incluyeron la retención de ingresos en metálico por conceptos como fiestas y el uso de facturas falsas, además de la simulación de cursos de formación que nunca se llevaron a cabo. La denuncia argumenta que se falsificaron firmas de alumnos para obtener subsidios de la Diputación.
Durante la primera jornada del juicio, una de las denunciantes, Marta R., administradora y funcionaria del Ayuntamiento desde 2004, fue la primera en declarar. Junto a su colega Eva C., presentó documentación en 2019 para respaldar su denuncia, asegurando que era necesario actuar para «parar la situación». Ambas han rechazado que su denuncia tuviera motivaciones políticas, a pesar de los intentos de la defensa de vincularlas a intereses partidistas. Marta fue candidata en listas de Unidas por Cabanillas, pero subrayó que sus acciones se basaron en la observación de irregularidades contables.
Marta relató que llevó a cabo una contabilidad paralela porque sospechaba que el dinero recaudado por el municipio no coincidía con lo que se ingresaba en el banco, detectando diferencias superiores a 5,000 euros en ocasiones concretas. También explicó que el exalcalde utilizaba su propio dinero para ciertos pagos, los cuales luego trasladaba al Ayuntamiento, presentando facturas con anotaciones que le permitían endosar gastos que no requerían justificación.
Por su parte, Eva C. reafirmó la existencia de irregularidades contables y también defendió la independencia de su denuncia de cualquier interés político, destacando que tanto ella como Marta tomaron la decisión de denunciar basándose exclusivamente en lo que consideraron prácticas irregulares en la administración del Ayuntamiento.
El juicio, que se ha prolongado por más de seis horas y media, continuará al día siguiente con más audiencias, incluyendo otros testimonios de empleados del Ayuntamiento.