El sindicato Comisiones Obreras ha expresado su descontento ante la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de contratar a 29 técnicos informáticos externos a través de una empresa privada en lugar de usar el personal público disponible en las bolsas de trabajo de personal funcionario de las Escalas Informáticas. Según el coordinador del Sector Autonómico de CCOO-FSC en la región, José Luis Martínez, y la delegada sindical de CCOO-FSC Elena Bartolomé, el sindicato ha denunciado dos licitaciones llevadas a cabo por la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para adquirir distintos dispositivos y contratar personal para el mantenimiento de dichos equipos.
Según el sindicato, una parte de la licitación, el lote 4, incluye la prestación de servicios del Centro de Atención a Usuarios (CAU) tecnológico a entorno socio-asistencial tanto en remoto como en asistencia in-situ. Para este propósito, se han contratado a 29 trabajadores externos por la empresa adjudicataria. El soporte que ofrecerán, según denuncia el sindicato, es el mismo que ya ofrecen los técnicos del Centro de Atención al Usuario (CAU) de la Junta para otros dispositivos y sistemas. Este contrato de servicios tiene una duración de 12 meses, existiendo la posibilidad de prórroga de hasta un máximo de 24 meses.
El sindicato considera «innecesaria e injustificada» la contratación de personal externo para realizar tareas que son propias del personal funcionario y advierte de que la atención de este personal técnico será necesaria incluso después de los 24 meses máximos de duración de los contratos, ya que la adquisición de dispositivos y software hará necesario su mantenimiento, actualización y resolución de incidencias.
El sindicato solicitó una reunión con la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas y con la Dirección General de Administración Digital, exigiendo que el presupuesto de las dos licitaciones sea trasvasado a la contratación de personal público a través de programas temporales de empleo. Además, el sindicato afirma que emprenderá acciones sindicales y legales si no se atienden sus reivindicaciones y se procede a la reversión de la privatización de los servicios públicos.
