La Fundación Franz Weber ha presentado una denuncia administrativa contra la organización de un espectáculo cómico taurino en Villaseca de la Sagra (Toledo). Según la fundación, este espectáculo va en contra de la normativa estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2013, que protege los derechos de las personas con discapacidad y promueve su inclusión social.
La denuncia se basa en la Disposición adicional decimotercera de dicho decreto, que prohíbe espectáculos o actividades recreativas donde se utilice a personas con discapacidad para ridiculizarlas o burlarse de ellas. En los últimos meses, tanto el Congreso como el Senado aprobaron una enmienda que prohíbe estos llamados espectáculos taurinos cómicos, que buscan generar risas a costa de personas con acondroplasia.
Esta reforma legislativa ha sido resultado de años de denuncias y presión de diversas organizaciones que trabajan con personas con diversidad funcional, como la Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento, la Fundación ALPE Acondroplasia, ADEE España, Afapac y el CERMI. Además, la Fundación ONCE ha anunciado un programa de integración sociolaboral para este grupo de personas.
La Fundación Franz Weber considera urgente la respuesta de la Junta de Castilla-La Mancha, y señala que otras regiones como Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia han denegado permisos para este tipo de espectáculos por ser contrarios a la normativa estatal.
Asimismo, los naturalistas no descartan solicitar al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que tome medidas legales para sancionar a aquellos responsables que hayan otorgado los permisos para este espectáculo.
En resumen, la Fundación Franz Weber ha presentado una denuncia administrativa contra la organización de un espectáculo cómico taurino en Villaseca de la Sagra por ser contrario a la normativa que protege los derechos de las personas con discapacidad. Esta denuncia se fundamenta en la prohibición de ridiculizar a personas con discapacidad y ha sido respaldada por diversas organizaciones y entidades. Se espera una respuesta por parte de la Junta de Castilla-La Mancha y se considera la posibilidad de tomar medidas legales a nivel nacional.
