La semana pasada evidenció las prioridades de los demócratas en Estados Unidos. Un grupo de cuatro representantes del partido, compuesto por Robert Garcia de California, Maxwell Frost de Florida, Yassamin Ansari de Arizona y Maxine Dexter de Oregon, se encuentra en El Salvador, donde han tomado la delantera en la defensa de un inmigrante ilegal, miembro de la pandilla MS-13, en lugar de centrarse en la seguridad de los ciudadanos a quienes representan.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué la representante Dexter no ha abordado públicamente los peligros que estos inmigrantes ilegales representan para su comunidad?
Entre los recientes casos alarmantes, se encuentra el de Alvaro Flores-Barboza, un venezolano de 24 años que escapó de un centro de procesamiento de ICE y fue detenido en Portland, Oregon, a pesar de tener antecedentes penales por asalto y conducción imprudente. Otro caso preocupante es el de Juan Jose-Sebastian, un guatemalteco de 26 años buscado por delitos de violación y agresión sexual, quien fue arrestado en Florida en 2024, pero liberado debido a la negativa de las autoridades federales y estatales para actuar en su contra.
La situación no es diferente en Arizona, donde la representante Ansari aún no se ha pronunciado respecto a los riesgos que enfrenta su región por la presencia de criminales ilegales. Bonifacio Renteria-Cruz, un ciudadano mexicano de 48 años, tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa y un historial delictivo que incluye agresión y posesión de armas, además de una orden de arresto activa por homicidio en México. Otro caso, el de Jose Escobar-Robles, está relacionado con el financiamiento de cárteles involucrados en tráfico de drogas y trata de personas.
Los cuestionamientos hacia Frost son igualmente contundentes. Franklin Jose Jimenez-Bracho, un miembro de la pandilla Tren de Aragua, fue arrestado en Florida por cargos de trata de personas, mientras que otros cinco miembros de la misma pandilla fueron detenidos en una serie de robos en Polk County, Florida, y enfrentan numerosos cargos que van desde violaciones de inmigración hasta asalto con arma de fuego.
Finalmente, las inquietudes sobre las acciones de Garcia surgen al considerar que Mario Edgardo Garcia Aquino, un salvadoreño de 43 años, está acusado de asesinar a un niño de 13 años y de agredir sexualmente a otro menor en Los Ángeles. Otros arrestos en la zona incluyen a Noe Diaz De Leon, buscado por intento de homicidio de un oficial de paz, y Boxiao Song, un delincuente sexual convicto.
Este escenario plantea interrogantes sobre la postura de los demócratas y su compromiso con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, en contraste con los esfuerzos por defender a inmigrantes ilegales involucrados en actividades criminales.
Fuente: WhiteHouse.gov
