La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una propuesta de ley de amnistía general con el objetivo de “sanar las heridas” de años de tensión política en el país. Esta iniciativa, que abarca desde 1999 hasta la fecha, busca beneficiar a aquellos presos políticos que han sido detenidos durante los gobiernos del chavismo. En la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez instó a agilizar la aprobación de esta ley en la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, resaltando que también se contempla la transformación de El Helicoide, un símbolo de represión, en un espacio social y deportivo.
La propuesta ha sido recibida con expectativas mixtas. Opositores de la administración, como María Corina Machado, han vinculado el surgimiento de esta amnistía a la presión de Estados Unidos, sugiriendo que no es una decisión voluntaria del régimen, sino una respuesta a exigencias externas. A pesar de esto, algunos diputados opositores han aplaudido la iniciativa, señalando que podría marcar el fin de la represión y la persecución, ofreciendo un rayo de esperanza a las familias que han sufrido por la violencia política.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han advertido que no corresponde al Estado “perdonar”, sino que los responsables de abusos deben rendir cuentas. La ciudadanía, especialmente los familiares de los presos políticos, se muestra cautelosamente optimista ante la posibilidad de que sus seres queridos se beneficien de esta ley de amnistía, continuando su lucha por la justicia en un contexto marcadamente controvertido.
Artículo resumido que puedes leer completo aquí
