Durante la rueda de prensa ofrecida este jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado el avance de los datos de ejecución presupuestaria del año 2023 para las administraciones públicas de España, revelando que Castilla-La Mancha cerró el ejercicio con un déficit de 566 millones de euros, lo que representa el 1,12 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).
Este déficit registrado por la comunidad autónoma manchega muestra una mejora considerable en comparación con el año 2022, cuando el déficit alcanzó los 808 millones de euros, equivalentes al 1,92% de su PIB, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, Castilla-La Mancha no está sola en esta situación, ya que otras once comunidades autónomas también finalizaron el pasado año con cifras deficitarias: Aragón (-0,82%), Castilla y León (-0,69%), Cataluña (-1,31%), Andalucía (-1,13%), Extremadura (-1,04%), Galicia (-0,13%), Comunidad de Madrid (-0,74%), Murcia (-2,32%), La Rioja (-0,48%), Comunidad Valenciana (-2,45%) y País Vasco (-0,08%).
Por otro lado, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria y Navarra son cinco comunidades que, en contraposición, han logrado registrar superávit a lo largo de 2023.
La ministra Montero señaló un incremento en los ingresos de las comunidades autónomas, que ascendieron a 236.453 millones de euros, un 5,8% más que el año anterior, mientras que los gastos aumentaron un 4,6%, hasta los 249.707 millones de euros. La recaudación por impuestos de las comunidades autónomas creció un 13,4%, aunque destacó una disminución en la recaudación de tributos propios, que fue de alrededor de 1.500 millones, motivada en parte por las rebajas fiscales aplicadas por algunas de estas.
En cuanto al déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas, se ha cerrado el año con un 3,66% del PIB, llegando a 53.556 millones de euros, cifra que mejora la meta comprometida con la Unión Europea, que era del 3,9%. María Jesús Montero ha valorado positivamente estos datos e indicó que, de no haber sido por las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la inflación que supusieron un coste fiscal de aproximadamente 17.000 millones, el déficit hubiera sido del 2,5% del PIB, el más bajo desde antes de la crisis financiera de 2008.
Montero también enfatizó la reducción del déficit público por 6,4 puntos desde el máximo alcanzado en 2020 debido a la pandemia, e hizo hincapié en que esta mejora se ha logrado sin recortar servicios públicos. Además, recalcó el esfuerzo fiscal del Estado español, exclusivo de avales y préstamos, que asciende a 120.000 millones de euros para enfrentar la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania.
La Administración Central se señaló como la que más contribuyó a la reducción del déficit, pasando de un 3,1% en 2022 al 2,1% en 2023, y se destaca que las comunidades autónomas superaron la tasa de referencia prometida a Bruselas, registrando un 0,9% en lugar del 0,6% previsto. La Seguridad Social mantuvo su déficit alineado con las proyecciones en un 0,56% del PIB.
Los ingresos tributarios totales experimentaron un crecimiento del 6,4%, alcanzando los 271.935 millones de euros, mientras que el gasto en consumo subió un 3,8%. El IRPF y el Impuesto sobre Sociedades registraron aumentos debido al buen ritmo de los beneficios empresariales. Por otra parte, el IVA creció sólo un 1,6% y los Impuestos Especiales mantuvieron cifras estables, aunque la recaudación por alcohol disminuyó a causa de un menor consumo.
Para el ejercicio 2024, el Gobierno proyecta que el déficit público disminuirá al 3% del PIB, en línea con el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea.
