En un contexto de creciente tensión entre las políticas estatales y la estrategia energética del gobierno federal, el presidente de Estados Unidos ha firmado una orden ejecutiva que busca proteger la energía americana de lo que considera una intrusión estatal excesiva. El objetivo de esta medida es eliminar cualquier obstáculo ilegítimo que impida la identificación, desarrollo y utilización de recursos energéticos nacionales, tales como el petróleo, el gas natural, el carbón y la energía renovable.
En su declaración, el presidente sostiene que la seguridad nacional y económica de Estados Unidos depende de un suministro energético asequible y confiable. Manifiesta que el dominio energético estadounidense se ve amenazado por acciones gubernamentales a nivel estatal, que, en su opinión, exceden la autoridad constitucional o legal. La denuncia se centra en las regulaciones que discriminan a los productores de energía de otros estados, lo cual, argumenta, socava la igualdad de las entidades estatales prevista en la Constitución.
El mandatario menciona ejemplos relevantes, como la legislación de Nueva York que impone elevados «pagos compensatorios» a productores de energía por sus supuestas contribuciones pasadas a las emisiones de gases de efecto invernadero, no solo en su estado, sino a nivel nacional y mundial. Del mismo modo, resalta el enfoque de California, que ha adoptado estrictos límites sobre el uso de carbono, lo que, según él, obliga a las empresas a incurrir en costos adicionales para cumplir con estas estrictas normativas.
Además, la orden ejecutiva faculta al Fiscal General a identificar y desafiar leyes estatales que incurran en estas prácticas. El Fiscal está encargado de actuar de manera rápida contra las normativas que consideren ilegales, así como de proporcionar un informe al presidente sobre las acciones emprendidas.
El presidente subraya que estas políticas estatales no solo perjudican a la industria energética, sino que también están elevando los costos de la energía para los consumidores, impactando a familias en todo el país. En su opinión, el camino hacia la autosuficiencia energética global de Estados Unidos requiere enfrentar y derogar leyes estatales que, a su parecer, intentan imponer una agenda climática ideológica que no refleja las necesidades reales de la nación.
La acción tomada se inscribe dentro de un panorama más amplio de debate sobre la energía y el medio ambiente en el país, donde las tensiones entre la regulación estatal y los esfuerzos federales por impulsar el desarrollo energético se han intensificado en los últimos años. La orden, además, resalta la firme postura de la administración en favor de un desarrollo energético más accesible y eficiente, en un momento donde la estabilidad del sector energético es crucial tanto para la economía como para la seguridad nacional.
Fuente: WhiteHouse.gov
