Un jurado popular, integrado por 7 mujeres y 2 hombres, ha encontrado culpable a C.C.C. de homicidio y lesiones bajo una eximente incompleta de legítima defensa. Esto se desprende de los acontecimientos ocurridos en octubre de 2020, cuando C.C.C. se vio obligado a usar una catana para defenderse de tres individuos que acudieron con la intención de matarlo en un bar de Miguel Esteban.
El veredicto también alcanzó a F.C.V., otro implicado en el altercado, y antigua pareja de la actual novia de C.C.C., D.J.J., quien es propietaria del establecimiento. F.C.V. fue considerado culpable de las lesiones infligidas a C.C.C. durante dicho suceso. El jurado, además, estableció que no era aplicable el atenuante de embriaguez en el caso de F.C.V.
La catana utilizada por C.C.C. fue vista por el jurado como un medio de defensa ante el peligro inminente que enfrentaba. A pesar de reconocer la circunstancia atenuante de legítima defensa, el Ministerio Fiscal mantiene su petición de condena para C.C.C.: un total de 9 años y 6 meses por homicidio consumado y 4 años y 9 meses por otro de homicidio en grado de tentativa.
Por otro lado, la acusación particular ha pedido que la condena de C.C.C. sea de 10 años de prisión por el delito de homicidio, además de una compensación de 200.000 euros de responsabilidad civil para cada uno de los progenitores del hombre fallecido.
El abogado defensor de C.C.C. solicita una reducción significativa de la pena, concretamente a 2 años y 6 meses de prisión, argumentando que el grado de la condena por homicidio se debe reducir en dos grados. En lo que respecta al homicidio en grado de tentativa, pide una pena de 1 año y 3 meses de prisión.
Respecto a F.C.V., la Fiscalía ha reiterado su petición de una pena de 5 años de prisión por la comisión de un delito de lesiones con instrumento peligroso, mientras que la defensa de F.C.V. ha solicitado una sentencia de 2 años de prisión, pidiendo la suspensión de la misma dado que ya ha cumplido con la condena.
Con estas consideraciones, el caso sigue su curso en el marco legal establecido, mientras las partes involucradas aguardan la sentencia definitiva tras los veredictos del jurado popular.
