En un reciente acto legislativo, el presidente firmó tres resoluciones conjuntas que buscan deshacer regulaciones ambientales impulsadas por el estado de California. Estas medidas, según el mandatario, son una defensa de la asignación de poderes entre el gobierno federal y los estados, al tiempo que impiden la implementación de un mandato nacional de vehículos eléctricos que, según él, limitaría la elección de los consumidores.
La legislación firmada incluye la H.J. Res. 87, que rechaza las normas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sobre los estándares de contaminación para vehículos pesados; la H.J. Res. 88, que se opone a los estándares de «Advanced Clean Cars II»; y la H.J. Res. 89, que refuta las disposiciones de contaminación para motores de vehículos y equipos fuera de carretera.
Durante su discurso, el presidente enfatizó la importancia de mantener un sistema regulatorio unificado y evitar un «mosaico» de normas estatales que complicaría la gestión de la calidad del aire a nivel nacional. «Es el Gobierno Federal, no los estados, quien debe establecer los estándares de emisiones de vehículos, dada la naturaleza inherentemente interestatal de la calidad del aire», argumentó.
Además, se destacó que los intentos de California de regular las emisiones de gases de efecto invernadero y de implementar un mandato de vehículos eléctricos no contarían con el respaldo de excepciones previstas en la Ley de Aire Limpio. El presidente subrayó que estas regulaciones no abordan problemas locales “apremiantes y extraordinarios” que justifiquen las exenciones que tradicionalmente se pueden otorgar a California.
Con estas resoluciones, se pretende garantizar que la EPA no apruebe futuras excepciones similares a las rechazadas. Esto significa que California ya no podrá imponer sus políticas ambientales de manera que afecten a todo el país. La Administración espera que estas acciones contribuyan a una política ambiental menos fragmentada y más coherente a nivel federal, evitando así un enfoque que podría comprometer la elección del consumidor y contradecir principios fundamentales del federalismo establecidos en la Constitución.
El acto se enmarca en un contexto más amplio de debate político sobre las regulaciones ambientales y la transición hacia vehículos eléctricos en todo el país, un tema que sigue siendo objeto de intensa discusión y división entre distintos sectores políticos y económicos.
Fuente: WhiteHouse.gov
