En un contexto global cada vez más interconectado, los Estados Unidos juegan un papel crucial en la provisión de lo que los economistas denominan «bienes públicos globales». Este concepto se refiere a los beneficios que se extienden más allá de las fronteras de un solo país, y en el caso de Estados Unidos, se manifiestan principalmente a través de la seguridad internacional y la estabilidad financiera global.
Primordialmente, los Estados Unidos han servido como un paraguas de seguridad que ha propiciado una de las eras más pacíficas de la historia contemporánea. Sin embargo, esta protección no es gratuita; el sacrificio de las fuerzas armadas americanas y los impuestos que los ciudadanos pagan son costos significativos para el mantenimiento de esta estabilidad global. En el ámbito financiero, la moneda estadounidense, el dólar, actúa como un activo de reserva que facilita el comercio global. Esto permite que las naciones extranjeras realicen transacciones entre sí en dólares, lo que a su vez ha impulsado un crecimiento económico sin precedentes.
A pesar de estos beneficios, el papel de Estados Unidos como proveedor de seguridad y estabilidad financiera tiene su reverso. La demanda constante del dólar ha distorsionado los mercados monetarios y ha generado déficits comerciales insostenibles, erosionando sectores manufacturados y comunidades laborales en el país. Las empresas estadounidenses se enfrentan a una competencia desleal, exacerbada por las prácticas comerciales injustas de otros países que se benefician del sistema financiero estadounidense sin contribuir equitativamente.
El actual clima político, marcado por las políticas del presidente Trump, ha evidenciado un cambio en la perspectiva estadounidense. Trump ha dejado claro su rechazo a que otras naciones «se beneficien de la sangre, sudor y lágrimas» de los estadounidenses. Su administración ha iniciado medidas para reequilibrar las relaciones defensivas y comerciales, priorizando los intereses de los trabajadores y negocios estadounidenses.
En el plano comercial, el vínculo entre la seguridad nacional y la competencia económica se torna evidente. La dependencia de Estados Unidos en la producción extranjera, particularmente de naciones adversarias como China, plantea serios riesgos para la seguridad nacional. La pandemia de Covid-19 ha resaltado la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y la necesidad de fortalecer la manufactura interna.
Los desafíos económicos han llevado a un debate sobre la estructura que sustenta la provisión de bienes públicos globales. Para que otros países puedan beneficiarse de la seguridad y estabilidad estadounidenses, deben asumir una parte justa de los costos. A este respecto, se proponen varias medidas que van desde la aceptación de aranceles por parte de países extranjeros, hasta el aumento del gasto en defensa y la contratación de productos estadounidenses. Cada una de estas estrategias está diseñada no solo para mejorar la equidad en la distribución de costos, sino también para revitalizar la base industrial de Estados Unidos.
Las tarifas comerciales, aunque a menudo descalificadas por los economistas tradicionales, son vistas como una herramienta crucial para abordar las distorsiones económicas y garantizar que los países que tienen superávit comercial contribuyan a la estabilidad del sistema. A lo largo de los años, se ha evidenciado que la carga de tales tarifas recae en gran medida sobre las naciones que exportan a Estados Unidos, lo que podría, de hecho, fortalecer la economía estadounidense al permitir la inversión en sus propias industrias.
Este enfoque hacia una distribución más equitativa de los costos de bienes públicos globales es vital para que Estados Unidos mantenga su rol de líder en el orden mundial. Si bien la provisión de seguridad y estabilidad financiera continúa siendo un compromiso estadounidense, la creciente presión económica y la competencia por parte de otras naciones subrayan la urgencia de un reexamen del modelo actual.
Así, el debate sobre cómo compartir las cargas y los beneficios del sistema global no solo es necesario por razones de justicia, sino también como una cuestión de supervivencia económica y seguridad nacional para el futuro de Estados Unidos.
Fuente: WhiteHouse.gov
