El conflicto territorial entre Cuenca y Albarracín, dos municipios situados en el corazón de España, se intensifica tras la reciente resolución del Ministerio de Política Territorial que ha generado una nueva ola de tensiones. El Ayuntamiento de Cuenca, dirigido por el Partido Socialista, ha anunciado que llevará a los tribunales la decisión ministerial que le ha despojado de 2.000 hectáreas en la zona limítrofe con la provincia de Teruel, específicamente en el monte El Entredicho, un terreno de alto valor ecológico.
Durante décadas, este monte ha sido motivo de disputa entre las comunidades de Castilla-La Mancha y Aragón, dado que, aunque geográficamente se encuentra en Cuenca, ha sido utilizado por los habitantes de Albarracín, Teruel. La ciudad de Albarracín, representada por su alcalde Daniel Úbeda, mantiene firme su postura y sigue defendiendo su derecho a la titularidad de estas tierras basándose en argumentos históricos y legales.
Este conflicto, que arrastra sus raíces desde el siglo XIX, ha estado principalmente motivado por los cambios en el caudal del río Tajo, que ambos municipios consideraban como una frontera natural que debería otorgar la propiedad de El Entredicho a Cuenca. Sin embargo, propuestas aragonesas para modificar la línea de delimitación según los deslindes actuales han calado en las decisiones recientes del Ministerio de Política Territorial, marcando un precedente al cambiar por primera vez los límites establecidos desde la Constitución de 1978.
A pesar de varios intentos por alcanzar un acuerdo bilateral, la situación ha escalado hasta ser necesario el dictamen del Instituto Geográfico Nacional y del Consejo de Estado, los cuales, en enero de este año, mostraron su apoyo a la propuesta de Albarracín, argumentando que la línea límite jurisdiccional debería ajustarse a esta última.
Las autoridades de Cuenca, sin embargo, se sienten agraviadas por esta decisión, calificando los argumentos de Albarracín como carentes de sentido. El alcalde conquense, Darío Dolz, ha reiterado que, pese a agotar la vía administrativa con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el municipio ejercerá su derecho a recurrir judicialmente la resolución.
Este episodio refleja no solo la complejidad de las disputas territoriales en España sino también la importancia de la gestión del patrimonio natural y la identidad territorial en un contexto de legislaciones históricas y ambientales. Mientras la batalla legal se avecina, la comunidad espera que una resolución justa ponga fin a este conflicto centenario, preservando tanto el interés de las localidades involucradas como la riqueza ecológica del monte de El Entredicho.
