En una significativa manifestación de desafío al gobierno de Donald Trump, un juez federal ha impuesto un bloqueo temporal a la reciente orden ejecutiva emitida por el presidente, la cual buscaba terminar con la práctica de otorgar ciudadanía estadounidense por nacimiento. Este jueves, se anunció que la orden ejecutiva ha sido considerada como «claramente inconstitucional» por parte del juez de distrito federal John C. Coughenour, con sede en Seattle, marcando así un contratiempo significativo para los esfuerzos del presidente Trump en reformar la política migratoria de Estados Unidos.
Desde que juró el cargo, Trump ha mostrado un ferviente interés en cambiar las reglas estipuladas por la Enmienda 14 de la Constitución, las cuales conceden automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, sin importar la condición migratoria de sus padres. Su decisión de eliminar este derecho ha provocado una rápida respuesta legal, siendo Coughenour, quien fue nominado por el expresidente Ronald Reagan en 1981, enfático al calificar la medida de Trump como una violación a los principios constitucionales.
La orden ejecutiva había planteado serias implicaciones para los niños nacidos en Estados Unidos de padres sin documentos o con estatus migratorio temporal, limitando su capacidad para obtener pasaportes estadounidenses y acceder a derechos básicos, incluyendo la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
La controversia ha motivado a que 22 estados, gobernados por demócratas, presentaran demandas contra esta medida. La decisión de Coughenour se relaciona directamente con las solicitudes de cuatro de estos estados, quienes demandaron un bloqueo inmediato de la orden. La suspensión ordenada por el juez permanecerá en vigor durante 14 días, un periodo durante el cual es probable que se presenten recursos en contra de esta decisión.
Más allá de esta cuestión específica, las acciones recientes de Trump han abarcado una serie de medidas drásticas en materia migratoria, incluyendo la declaración de un «estado de emergencia nacional» en la frontera sur, el despliegue de fuerzas armadas, autorizaciones para redadas migratorias en zonas sensibles, y la reanudación de la construcción del muro fronterizo. Estas acciones reflejan la prioridad que el presidente ha dado a su agenda migratoria, incluso solicitando al Departamento de Justicia investigar y actuar contra cualquier funcionario que se resista a la implementación de estas medidas.
Este enfrentamiento judicial resalta las profundas divisiones sobre la política migratoria en Estados Unidos y pone en evidencia las tensiones entre la administración de Trump y aquellos que defienden los derechos constitucionales de todos los individuos nacidos en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres. El resultado final de este conflicto podría tener implicaciones duraderas no solo para las familias afectadas sino también para el futuro de la política migratoria estadounidense.
