En un movimiento sin precedentes en su historia contemporánea, Japón ha retirado el estatus de organización religiosa a la rama local de la Iglesia de la Unificación, también conocida como secta Moon. Esta decisión, tomada por el Tribunal de Distrito de Tokio, surge a raíz de la implicación indirecta del culto en el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. La Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, como se denomina oficialmente, ha disfrutado durante años de beneficios fiscales gracias a su registro como entidad religiosa. Sin embargo, este estatus le ha sido revocado, aunque le será permitido continuar sus operaciones bajo una clasificación diferente.
Este caso ha atraído una atención sin precedentes, vinculando trágicamente a la política nacional con prácticas religiosas controvertidas. La conexión emergió tras el asesinato de Abe en julio de 2022, cometido por un individuo afectado adversamente por la organización. Siguiendo este incidente, el Ministerio de Educación y Cultura llevó a cabo una investigación exhaustiva, entrevistando a más de 170 víctimas de supuestas prácticas de obtención de fondos abusivas por parte del culto.
Japón permite la disolución de organizaciones religiosas que cometan actos que dañen considerablemente el bienestar público. La Iglesia de la Unificación se encuentra así en una lista infame junto con el culto Aum Shinrikyo -responsable del ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995- y el templo budista Myokakuji de la secta Nichiren, destacando como la tercera organización religiosa en Japón en enfrentarse a tal sanción.
El caso ha provocado un escrutinio profundo de la organización, conocida por sus bodas masivas y exigentes donaciones a través de las llamadas «ventas espirituales». Las víctimas de estas prácticas, muchas de las cuales son hijos de miembros, han reportado haber sido robadas y extorsionadas para contribuir financieramente al culto, enfrentando severas dificultades económicas como resultado.
Tetsuya Yamagami, el autor confeso del asesinato de Abe, abogó que fue la influencia histórica de la Iglesia en Japón, facilitada por el abuelo de Abe y ex primer ministro, Nobusuke Kishi, lo que lo motivó a cometer el acto. Esta tragedia ha relevado las importantes conexiones entre la política nacional y la agrupación religiosa, llevando a la reforma del Gabinete y la promoción de una investigación interna sobre los vínculos entre el Ejecutivo y la Iglesia de la Unificación.
En respuesta a la decisión del tribunal, la organización ha expresado su intención de apelar, marcando el inicio de un posible enfrentamiento legal prolongado. A pesar de la controversia y el debate público, este caso abre un nuevo capítulo en el escrutinio de la influencia de los grupos religiosos en la política y la sociedad en Japón, señalando un momento significativo en la continua tensión entre la fe, la política, y las leyes del país.
