La reciente decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de adelantar un mes la votación sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026 marca un punto de inflexión en la historia del certamen. La reunión extraordinaria se celebrará a principios de noviembre, un mes antes de lo planeado, y se presenta como una respuesta a la creciente presión internacional, especialmente desde España, que ha dejado claro que no participará si Israel forma parte del evento.
El conflicto en Gaza ha hecho que numerosos países reconsideren su involucramiento en un festival que, alardeando de valores culturales y de convivencia, ahora se ve empañado por una situación humanitaria crítica. La decisión de la UER se produce tras intensos debates y división interna entre sus miembros, un fenómeno inédito en la historia del festival. La urgencia de la situación ha llevado a la organización a buscar una salida que pueda proteger la imagen del certamen y mantenerlo como un espacio de celebración musical en vez de convertirse en un campo de disputa política.
La presidenta de la UER, Delphine Ernotte-Cunco, reconoce en su carta sobre la convocatoria que la situación es “divisiva”. La reunión tiene como objetivo ofrecer una plataforma democrática donde todos los miembros puedan expresar su voz en un asunto que ha generado opiniones polarizadas. Mientras algunas naciones, como Alemania, Francia e Italia, sostienen que Eurovisión debe permanecer apolítico y permitir la participación de Israel, otros instan a que se aplique un criterio similar al de Rusia, que fue expulsada tras la invasión de Ucrania.
La comunidad política europea no está distante de este debate; más de 50 eurodiputados han exigido la exclusión de Israel, argumentando que su inclusión mientras se investigan supuestos crímenes de guerra podría interpretarse como un intento de “blanqueamiento” de situaciones inaceptables. Esta presión empeora el panorama y complica aún más las negociaciones hacia un acuerdo.
En España, la postura de RTVE se ha mantenido firme desde el principio. Su presidente, José Pablo López, ha advertido sobre la gravedad de la situación y ha reclamado que la UER rompa su silencio ante lo que califica de “genocidio en Gaza”. López enfatiza que Eurovisión no es solo un festival de música, sino un evento con profunda carga política que debería ser tenido en cuenta por todas las partes involucradas. Su mensaje no deja lugar a dudas: cualquier decisión que no contemple las realidades actuales en Gaza sería una falta de responsabilidad por parte de la organización.
A medida que se acerca la votación, la tensión es palpable. La UER se encuentra en una encrucijada, donde la custodia de los valores que representa Eurovisión está en juego. La comunidad internacional observa, en un momento donde la música y la política parecen entrelazarse más que nunca. El escenario de Viena, programado para el 16 de mayo, podría ser testigo de una edición del festival que cambiará para siempre su historia.
