En un decisivo giro de eventos, un juez federal en Boston ha anunciado que emitirá una orden para impedir la implementación de una medida promovida por el presidente Donald Trump, la cual buscaba prohibir el ingreso de nuevos estudiantes extranjeros a la Universidad de Harvard. Este anticipado fallo, revelado por The New York Times, significa un alivio momentáneo para la prestigiosa institución, que se ha visto atrapada en una contienda sin precedentes contra la administración republicana.
La controversia surgió tras la decisión unilateral de la Casa Blanca de prohibir la matriculación de estudiantes extranjeros en Harvard, afectando directamente a unos 6.800 individuos. Sin embargo, esta medida fue prontamente revocada por un tribunal federal en Massachusetts, el cual, el pasado viernes, favoreció a Harvard al aceptar una moción presentada por la misma universidad, en un tiempo récord.
Desde los corredores de Harvard, las autoridades han manifestado su total rechazo hacia la medida, subrayando su compromiso de seguir acogiendo a estudiantes y académicos internacionales provenientes de más de 140 países. Estos miembros de la comunidad universitaria no solo enriquecen el ambiente educativo sino también ofrecen valiosas contribuciones a la nación americana.
Este clima de solidaridad se evidenció de manera palpable durante la reciente ceremonia de graduación de Harvard, donde miles de graduandos mostraron su apoyo a la población estudiantil extranjera llevando flores blancas. El presidente de la Universidad, Alan Garber, recibió una ovación de pie al momento de su bienvenida, lo cual recalca la unidad de la comunidad de Harvard en contra de las políticas restrictivas de Trump.
Este enfrentamiento con la administración Trump es sólo la última instancia de una serie de tensiones entre la Casa Blanca y Harvard, acusada por el presidente de fomentar «actos terroristas» y comportamientos «antisemitas». La administración ha intentado forzar a la universidad a adoptar políticas que erradicaran el antisemitismo, tras las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza, y ha criticado sus programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), abogando por un sistema de admisión basado exclusivamente en méritos.
Además, en un movimiento que intensifica el conflicto, se anunció la cancelación de todos los contratos federales con Harvard, valorados en aproximadamente 100 millones de dólares. Esta disposición obliga a las agencias federales a revisar y, eventualmente, rescindir los contratos no esenciales con la universidad.
Sin embargo, Harvard no es la única institución educativa afectada por la política antimigratoria de Trump. Días antes, se había ordenado a las embajadas y consulados de EE.UU. suspender nuevas entrevistas para visados de estudiantes, complicando aún más el panorama para futuros académicos internacionales.
En una era donde las políticas y decisiones gubernamentales tienen un impacto significativo en el entorno educativo y cultural, la resistencia de Harvard refleja no solo una lucha por sus derechos institucionales, sino también por los valores de diversidad e inclusión que defiende. La batalla judicial continúa marcando un precedente importante en la intersección de la educación, la política y los derechos humanos.
