En una serie de eventos que señalan un punto crítico tanto para la ley internacional como para la política interna de Filipinas, el expresidente filipino Rodrigo Duterte ha sido detenido y está en camino a enfrentar un juicio en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad. La detención se produjo después de su llegada a Manila de un viaje a Hong Kong, siendo deportado inmediatamente a La Haya, lo que marca un giro significativo en la trayectoria política y legal del controvertido líder.
Este proceso se encuentra repleto de declaraciones pasadas de Duterte que complican la defensa de su caso. El político, conocido por su mano dura durante su presidencia y su tiempo como alcalde de la ciudad de Davao, se ha autoinculpado públicamente en múltiples ocasiones, hablando de los escuadrones de la muerte bajo su mando y admitiendo participación en homicidios desde una edad temprana.
Este juicio no solo resalta las acusaciones contra Duterte por la violenta guerra contra las drogas durante su presidencia, que oficialmente resultó en la muerte de aproximadamente 7,000 personas pero que investigaciones de ONG sugieren que el número real es cercano a 30,000, sino que también refleja las complejas dinámicas de poder dentro de Filipinas. La detención de Duterte coincide con un tenso clima político, marcado por una disputa poderosa por el control del país entre los clanes Duterte y Marcos, una situación que parece extraída de una telenovela de alto voltaje.
La vicepresidenta y hija de Duterte, Sara Duterte, ha denunciado la detención como «opresión y persecución», mientras que simpatizantes en Davao han mostrado su rechazo a través de manifestaciones. Por otro lado, se reporta que hay quienes celebran la noticia, calificando a Duterte de tirano y señalando esta medida como una victoria para la justicia.
Mientras que el presidente Ferdinand Marcos Jr., parece tratar el caso como un asunto judicial más, la situación arroja luz sobre las tensiones internacionales respecto a la CPI. Los movimientos de Duterte y su detención se producen en un contexto donde la CPI ha sido criticada y enfrenta desafíos de legitimidad, particularmente por la administración de Trump que impuso restricciones contra aquellos miembros de la corte involucrados en investigaciones contra Estados Unidos y sus aliados.
El futuro político de Duterte y el impacto de su juicio en las relaciones internacionales de Filipinas y su política interna permanecen inciertos. Lo que queda claro es la significativa polarización dentro del país y las interrogantes sobre la efectividad y el papel de la justicia internacional. Con acusaciones de crímenes contra la humanidad de por medio, el caso de Duterte en La Haya será un acontecimiento clave a seguir en el panorama político global, especialmente en cómo maneja las acusaciones graves y su propio pasado polémico frente a la justicia internacional.
