En la estación de Atocha en Madrid, un vigilante entona amablemente la necesidad de que los abrigos pasen por el escáner, una escena que se repite cada mañana pero que encierra una historia de dos décadas de cambios significativos en las políticas de seguridad en las estaciones de tren españolas. Desde los atentados del 11 de marzo de 2004, que dejaron 193 muertos y más de 2.000 heridos, las medidas de seguridad se intensificaron. La implementación de controles de equipaje con rayos X en las principales estaciones se convirtió en un estándar, aunque estos escáneres están limitados a los viajeros de trenes de alta velocidad, omitiendo a quienes utilizan los servicios de cercanías y metro.
A diferencia de otras capitales europeas, en Madrid, el control sobre el pasaje es menos invasivo, ya que no se utilizan arcos detectores de metales, enfocándose únicamente en el equipaje. Esta situación refleja la diversidad en las respuestas de seguridad en el transporte tras los atentados, variando significativamente entre países y tipos de servicios.
La seguridad no es una preocupación exclusiva de España. En Londres, tras los atentados del 7 de julio de 2005, se implementaron sistemas de videovigilancia avanzados y se mejoraron los protocolos de emergencia. Francia, por su parte, respondió a los atentados de París de 2015 con una ley antiterrorista que amplió considerablemente los poderes de la policía, una medida que ha sido critica por organizaciones de derechos humanos. Bruselas, después de los atentados de marzo de 2016, adoptó barreras de acceso y zonas restringidas en sus estaciones de metro y tren.
Adrián Serrano, experto en la temática, destaca la diferencia en la intensidad y la naturaleza de las respuestas a los atentados en Francia, España y el Reino Unido. Mientras que con ETA y el IRA, las medidas fueron más progresivas, los recientes atentados provocaron respuestas más reactivas e inmediatas.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas se pone en duda. ¿Incrementan realmente la seguridad o solo dan una sensación de seguridad? La reducción en la espectacularidad de los atentados recientes podría sugerir una efectividad, pero el debate sobre la invasión a la privacidad y las libertades civiles permanece.
La situación se complica a nivel de alojamientos turísticos. Italia ha tomado medidas drásticas al prohibir el ‘auto check-in’ para fortalecer los controles de identidad, motivado por eventos importantes como el Jubileo de 2025. La Unión Europea también ha estado activa en fortalecer la seguridad en los espacios públicos.
En España, una reciente normativa sobre el registro de viajeros ha generado preocupación en el sector turístico por la lentitud y las complejidades que introduce en el proceso de ‘check-in’, con temores de que estas medidas afecten negativamente la experiencia del turista y compliquen la operación durante la temporada alta.
A medida que las leyes y regulaciones en torno a la seguridad siguen evolucionando, la comunidad internacional se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre la protección y la preservación de las libertades individuales. La frase «al final pagan justos por pecadores» refleja un sentimiento generalizado entre los profesionales y usuarios de servicios afectados por estas medidas, poniendo en relieve la difícil tarea de conciliar la seguridad con la libertad en una sociedad cada vez más cautelosa.
