La reciente propuesta de Trump de desplazar a decenas de miles de inmigrantes ilegales a la frontera ha resonado con fuerza, generando no solo un considerable impacto social y electoral, sino también un alto coste financiero. El presidente, quien en redes sociales no oculta su fervor por tales medidas, ha hecho de las deportaciones un eje central de su política, recordando a la célebre frase de Apocalypse Now. Sin embargo, detrás de los despliegues retóricos se encuentra una compleja red de contratos y empresas que se benefician del sistema.
Una de las compañías en el centro de este entramado es CSI Aviation, encargada de la logística de los vuelos de deportación. Según informes, la empresa tiene contratos gubernamentales sustanciales que no siempre son fáciles de rastrear. Las deportaciones, en este sentido, requieren una gran infraestructura, desde aviones hasta centros de detención. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha expandido su capacidad operativa, con planes de aumentar las deportaciones a cifras récord, lo que ha llevado a que numerosos contratistas, incluidos aquellos inexpertos en el sector, obtengan grandes licitaciones.
Estas decisiones involucran no solo recursos públicos, sino también una dinámica de intereses privados que sostienen el proceso. El costo de deportar a un solo inmigrante se estima en aproximadamente 20,000 dólares, lo que se traduce en miles de millones si se considera una deportación masiva. La situación plantea un dilema no solo ético, sino también económico, ya que muchos de esos inmigrantes forman parte del tejido laboral y social de EE. UU. Su expulsión podría implicar una notable reducción en el PIB del país, abriendo un debate sobre la rentabilidad y las consecuencias de tales políticas migratorias.
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