Este lunes, Chiquita Brands se convirtió nuevamente en el foco de atención mediática a nivel mundial por razones que evocan su oscuro pasado. La empresa, antes conocida como United Fruit Company, personifica una era de dominio y controversia en América Latina, especialmente en Colombia, donde se le ha asociado con episodios de violencia y manipulación política.
El Tribunal del Distrito Sur de Florida sentenció a esta multinacional platanera estadounidense por haber financiado grupos paramilitares en Colombia, específicamente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004. Los aportes de 1,7 millones de dólares realizados por Chiquita fueron utilizados en operaciones que culminaron en atroces crímenes de guerra. La defensa de la empresa de haber realizado dichos pagos bajo extorsión y presión fue rechazada por el juez, quien avaló evidencias y testimonios que contradijeron tal afirmación.
De acuerdo con declaraciones de Salvatore Mancuso, antiguo líder de las AUC, a la cadena radial La W, los pagos de Chiquita no fueron coercitivos sino parte de una coordinación en la que se estableció un precio por cada caja de banano exportada.
El proceso legal ha sacado a relucir acusaciones de extrema gravedad, como la existencia de listas elaboradas por Chiquita con nombres de individuos que se negaban a vender sus tierras para que fueran objetivo de asesinato por parte de las AUC, aunque dicho extremo no ha sido demostrado. Ahora, la empresa enfrenta una indemnización de 38,3 millones de dólares a favor de ocho familias afectadas en un juicio que se ha extendido por 17 largos años.
La condena de Chiquita Brands refleja no solo la continuación de un legado de violencia e interferencia en la soberanía de naciones latinoamericanas sino también marca un precedente significativo en la justicia internacional sobre la responsabilidad corporativa en violaciones a los derechos humanos. Tatiana Devia, abogada de EarthRights, destacó la importancia del fallo al enfatizar que las empresas no pueden evadir su responsabilidad ante la participación en violaciones graves de derechos humanos, incluso en contextos de conflicto armado.
Este juicio podría desencadenar la reactivación de otros procesos legales pendientes en Colombia, donde hasta ahora Chiquita ha evitado condenas. La condena impuesta en Estados Unidos ofrece un nuevo horizonte en la lucha por la rendición de cuentas empresarial y la protección de los derechos humanos a nivel global, reafirmando la premisa de que las acciones de las corporaciones en escenarios de conflictos tienen consecuencias jurídicas internacionales.
El pasado de la United Fruit, y ahora de Chiquita Brands, ha sido objeto de críticas y estudios, revelando un patrón de abusos laborales, explotación y manipulación política que shapedo el destino de varios países latinoamericanos. El fallo actual no solo rememora esos episodios sino que pone de manifiesto la larga sombra que la conducta corporativa puede proyectar sobre comunidades y naciones enteras.
