El Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca ha anunciado su intención de interpelar al equipo de Gobierno durante el próximo pleno municipal, que tendrá lugar el 29 de abril, con el propósito de verificar el estado de las iniciativas previamente aprobadas en lo que refiere a políticas de vivienda.
Mediante un comunicado de prensa, la coalición ha recordado que en sesiones plenarias recientes se han autorizado distintas propuestas en materia de vivienda, las cuales fueron promovidas con la firme intención de poner un alto al incremento excesivo en los precios, fenómeno que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años.
La portavoz del grupo, Mª Ángeles García, ha señalado que entre las medidas aprobadas se encuentra la creación de una ordenanza reguladora que busca restringir las viviendas de uso turístico. Además, mencionó como logro el establecimiento del Patrimonio Municipal del Suelo con el fin de fomentar el desarrollo de vivienda pública. Otro punto relevante ha sido la solicitud efectuada hacia la Junta de Castilla-La Mancha para que se declare a Cuenca como Zona Tensionada, con lo cual se pretende limitar el aumento de los precios de alquiler acorde al índice recientemente establecido por el Gobierno central.
«La ejecución de todas estas medidas sería tremendamente útil para atajar la escalada de precios de la vivienda. Por esta razón es que vamos a indagar sobre el grado de cumplimiento de las mismas por parte del equipo de Gobierno», ha expresado García.
La edil también ha llamado la atención sobre declaraciones recientes de Nacho Hernando, consejero de Fomento de la Junta, quien ha asegurado que se dará curso a las solicitudes de aquellos municipios que deseen ser declarados como Zona Tensionada, exactamente conforme a la moción aprobada en Cuenca gracias a la iniciativa de su grupo.
García concluye enfatizando que el precio actual de la vivienda configura una problemática seria para muchas familias y personas jóvenes, por lo cual urge que las administraciones tomen medidas efectivas y oportunas para asegurar el derecho a una vivienda digna, tal como lo estipula la Constitución.
