El grupo municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca ha manifestado su «preocupación» por las «posibles irregularidades» en la adjudicación del contrato de gestión de la programación cultural del Teatro-Auditorio de Cuenca, que ha sido recientemente concedido a la empresa Medeland por un importe de 90.750 euros hasta mayo de 2027.
El concejal Pablo García ha denunciado diversas irregularidades, señalando que la tramitación del contrato presenta «importantes deficiencias legales y administrativas». En primer lugar, García ha indicado que el contrato se ha formalizado como un contrato administrativo de servicios, a pesar de que debería clasificarse como un contrato privado según el artículo 25 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Además, si no se reconoce como tal, debería calificarlo como un contrato de concesión de servicios debido al traslado del riesgo operacional que implica.
El concejal ha subrayado también que el informe de valoración de la memoria presentada por la empresa, un documento que es obligatorio en este tipo de contratos, no ha sido realizado ni firmado por personal técnico del órgano de contratación. Este informe aparece únicamente firmado por la concejal responsable y el Secretario, sin que se justifique la calificación de la propuesta como de «alto nivel».
A estas irregularidades se suma la falta de publicación de la formalización del contrato en la Plataforma de Contratación, donde únicamente aparece el anuncio de adjudicación con la misma fecha que la resolución. García ha indicado que no consta el nombramiento de los miembros de la Mesa de Contratación y que en las actas se evidencia «una falta de coherencia» en la participación de sus miembros, además de la ausencia de resoluciones que expliquen cambios de titularidad o suplencia.
Frente a este panorama, el grupo municipal ha anunciado que formulará una pregunta en el próximo pleno del Ayuntamiento de Cuenca para que el Gobierno local explique por qué no se ha convocado al Patronato de la Fundación y aclare las deficiencias detectadas en el proceso de adjudicación.
Pablo García ha insistido en que «estamos ante un contrato que plantea serias dudas de legalidad y de transparencia. No se puede permitir que una decisión de esta magnitud se adopte sin control del Patronato, sin informes técnicos adecuados y con deficiencias en la tramitación». A su juicio, la cultura de Cuenca requiere «procedimientos claros, rigurosos y participativos».
Finalmente, Cuenca en Marcha ha solicitado la publicación completa del expediente, la corrección de las irregularidades detectadas y la garantía de que la gestión cultural en la ciudad se realice «con transparencia, legalidad y participación institucional».