Cuatro personas sorprendidas cazando ilegalmente con galgos en Quer (Guadalajara)

Sorprendidas cuatro personas cazando furtivamente con galgos en Quer (Guadalajara)

La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Guadalajara ha llevado a cabo varias intervenciones relacionadas con posibles actos de caza ilegal con galgos, que finalmente han resultado en la confirmación de graves infracciones administrativas en este ámbito y las correspondientes denuncias a los infractores. Los hechos tuvieron lugar en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y tras una persecución en motocicleta.

Los agentes del Seprona, que ya tenían conocimiento de casos similares ocurridos días antes en la zona, decidieron aumentar la vigilancia en distintas áreas de caza de las localidades de Quer y Villanueva de la Torre. Como resultado de estas medidas, el 27 de julio se sorprendió en un coto de caza en Quer a tres personas utilizando galgos para cazar.

Estos individuos, junto con otro que se encontraba realizando labores de vigilancia, huyeron en un vehículo 4×4 en el momento en que se percataron de la presencia de los agentes. Tras una persecución en motocicleta, finalmente fueron interceptados en el centro urbano de Quer.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la zona en la que fueron sorprendidos los infractores está catalogada como ZEPA. De hecho, en estos días se han avistado varios grupos de avutardas, una especie de ave especialmente protegida por la legislación española.

Las conductas de caza furtiva se definen como acciones que implican cazar fuera de temporada, no contar con las licencias administrativas correspondientes, utilizar armas, equipos o municiones ilegales, cazar animales protegidos o llevar a cabo estas actividades en áreas restringidas o prohibidas.

Estas prácticas están tipificadas en los artículos 334 y 335 del Código Penal y pueden conllevar penas de prisión que van desde los seis meses hasta los dos años, la retirada de la licencia de caza durante dos a cinco años, la confiscación de las armas, el pago de los daños causados y la incautación de los trofeos obtenidos, además de las multas contempladas en la legislación de caza de Castilla-La Mancha, que pueden ascender hasta los 60.000 euros.

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