En una clara tendencia hacia la restricción del uso de teléfonos móviles en los colegios durante el horario lectivo, varias comunidades autónomas de España han impuesto normativas para limitar o prohibir completamente el empleo de estos dispositivos entre los estudiantes. La Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía ya han establecido tales prohibiciones, mientras que otras regiones están en proceso de discutir o implementar medidas similares. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha propuesto recientemente que los teléfonos móviles no se utilicen durante el horario lectivo en todas las autonomías.
En Cataluña, la Conselleria de Educación de la Generalitat ha iniciado un proceso participativo para establecer una regulación sobre el uso de estos dispositivos en centros educativos. Prevén que el nuevo marco regulador entre en vigor en enero de 2024. El Consell Escolar de Catalunya ha aconsejado que el uso del móvil debería ser regulado, sugiriendo una restricción significativa en las etapas de Infantil y Primaria y un uso adecuado y limitado en ESO. Se espera que las instrucciones y criterios marco se remitan a los centros educativos catalanes pronto, para que estos comiencen a debatir con las familias y aplicar la regulación.
Canarias, por su parte, también considera una posible regulación sobre estos dispositivos, elevará la cuestión al Consejo Escolar autonómico para su consulta. Castilla-La Mancha fue pionera en esta materia, con su Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de 2014, que prohíbe operar móviles y otros medios de comunicación en las escuelas, excepto en casos específicos o situaciones excepcionales.
En 2015, Galicia prohibió el uso de móviles y otros dispositivos en el ámbito escolar durante los periodos lectivos, con la posibilidad de algunas excepciones para su uso pedagógico. El presidente actual de la Xunta, Alfonso Rueda, ha expresado su interés en fortalecer esta regulación y promover un consenso amplio.
Madrid, con el inicio del curso 2020/2021, limitaba el uso del móvil en los colegios como parte de su Estrategia integral para la Convivencia escolar y el Plan de Ciberseguridad, con excepciones para herramientas educativas o por motivos de salud. Los docentes pueden retirar dispositivos a los estudiantes que incumplan la norma y, en algunos casos, entregarlos a las fuerzas de seguridad.
En Andalucía, se ha dictaminado una instrucción para regular el uso de los teléfonos móviles, con limitaciones similares a las ya descritas en otras comunidades y procedimientos establecidos para retirar los dispositivos ante el incumplimiento de las normativas.
Baleares ya trabaja en un plan para limitar el uso de móviles en el aula y han comentado que el gobierno central «va con retraso» en este asunto. Cantabria también ha incluido en sus instrucciones de inicio de curso recomendaciones para no utilizar el móvil en el aula.
A nivel europeo, algunos países ya han adoptado medidas para controlar el uso de teléfonos móviles en los entornos educativos. Francia no permite su utilización hasta los 15 años, y Portugal los prohíbe en las aulas a menos que el profesor los autorice.
Existen estudios que señalan los efectos negativos que puede tener el uso de móviles en las aulas en la concentración y atención de los alumnos, como los trabajos realizados por la Universidad de Chicago que mencionan una reducción en la concentración incluso con los teléfonos apagados.
