En un esfuerzo por hacer frente a los delitos contra el patrimonio, la Guardia Civil de Cuenca ha confirmado la detención de cuatro individuos, con edades comprendidas entre los 29 y 43 años, en relación con una serie de delitos vinculados a la sustracción de cable de cobre. Se les imputa un total de 15 ilícitos penales, que incluyen 11 hurtos, un delito de daños, dos delitos de receptación y un delito de pertenencia a una organización criminal.
El inicio de la investigación se dio en junio de 2023 tras detectarse un repunte en los delitos contra las líneas de tendido telefónico en diversas carreteras de la provincia de Cuenca, donde fue sustraído cableado de cobre. El análisis de los sucesos reveló que los delincuentes empleaban un patrón de conducta específico, el cual implicaba actuar cerca de carreteras y en poblaciones pequeñas y aisladas. Los cables eran cortados y seccionados para ser posteriormente troceados, ocultados cerca de la zona del hurto, y recogidos para quemarlos y obtener el cobre.
La Guardia Civil de Tarancón, encargada de la investigación, implementó dispositivos de vigilancia en áreas propensas a estos incidentes. La operación propició el hallazgo de dos sujetos en un vehículo alquilado, quienes no poseían cobre pero sí herramientas empleadas en el corte de cableado telefónico. Estas personas, residentes en la Comunidad de Madrid, utilizaban vehículos alquilados para cometer los crímenes y se rastrearon también los locales donde vendían el cobre robado.
En el desarrollo de la operación se detuvo a uno de los sospechosos en la provincia de A Coruña y, más tarde, a otro en Villar de Domingo García (Cuenca). Asimismo, fueron arrestados los encargados de dos establecimientos, uno en Seseña (Toledo) y otro en Coslada (Madrid), a quienes se les atribuye el delito de receptación del cobre sustraído.
Se ha procedido a esclarecer 15 delitos y se han recuperado algunos fragmentos del cableado, los cuales habían sido cortados y ocultados para su combustión. Los detenidos, junto con los objetos incautados y las diligencias efectuadas, han sido puestos a disposición del Juzgado número uno de San Clemente.
Cabe subrayar el impacto negativo que este tipo de prácticas ilícitas conlleva para las instalaciones afectadas, ya que, más allá de la pérdida del material sustraído, el daño interrumpe los servicios fundamentales que las empresas proveen a la sociedad.
