Cuatro Años de Prisión Solicitados para Matrimonio por Apropiación de Pagos Debidos a Empresa Daimieleña

Piden cuatro años de prisión para un matrimonio que se quedó con lo que debía pagar a una empresa de Daimiel

La Audiencia Provincial de Ciudad Real se prepara para juzgar a un matrimonio bajo los cargos de apropiación indebida, luego de que se les acusara de transferir indebidamente fondos destinados a una empresa proveedora, a sus propias cuentas bancarias. El juicio, programado para el miércoles 24 de abril, tendrá en el banquillo a S.C.C. y F.R.C., dueños de una empresa de servicios de telecomunicaciones localizada en Daimiel.

Los hechos que han desencadenado el proceso judicial se relacionan con la gestión de la empresa Inversiones y Telecomunicaciones La Mancha S.L., propiedad de F.R.C., que se dedicaba a distribuir aparatos de telefonía y otros dispositivos electrónicos e informáticos para su venta en línea. La empresa actuaba como intermediario entre los fabricantes de estos productos y Ribur Invest S.L., que los adquiría para la venta al consumidor final.

De acuerdo con el escrito de acusación, al que Europa Press ha tenido acceso, la práctica habitual entre ambas empresas consistía en que Ribur Invest transfería al banco de Inversiones y Telecomunicaciones La Mancha S.L. el importe de los pedidos hechos por clientes, para que estos fuesen luego enviados por la empresa de Daimiel. Sin embargo, en una de las transacciones, F.R.C. no continuó con el procedimiento acordado y, en lugar de eso, desvió una cantidad de 65.900 euros a la cuenta personal de su esposa, quien no desempeñaba ningún papel formal en la empresa dirigida por su marido.

Frente a estos acontecimientos, la Fiscalía ha solicitado que se condene al matrimonio a penas de tres años y once meses de prisión a cada uno, así como el resarcimiento económico correspondiente, es decir, la devolución de la suma que fue enviada a la cuenta de la compañera de F.R.C. El caso pone en evidencia la importancia de las prácticas éticas en los negocios y la rendición de cuentas en los procedimientos financieros, y ahora queda en manos de la justicia determinar el futuro legal del matrimonio acusado.

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