La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real dará inicio el próximo martes, 18 de marzo, al juicio contra cuatro individuos acusados de secuestrar durante más de diez horas a un hombre del que exigieron 2.500 euros, supuestamente, como compensación por una deuda contraída con ellos. El proceso judicial, que originalmente debía celebrarse en junio del año pasado, fue suspendido debido a la incomparecencia del abogado del principal acusado, quien se encontraba de baja.
Los hechos que se presentarán en el juicio se remontan a marzo de 2020. Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los cuatro acusados obligaron a la víctima a subirse en un automóvil, durante el cual le sustrajeron 300 euros que llevaba consigo. Al mismo tiempo, comenzaron a exigirle la cantidad de 2.500 euros bajo amenazas, advirtiéndole que lo matarían y tirarían su cuerpo a un pozo si no cumplía con su demanda.
Los presuntos secuestradores llevaron a la víctima hasta el Parque Forestal de La Atalaya, continuando con las amenazas, antes de trasladarlo a un cajero automático de una entidad bancaria para intentar retirar el dinero solicitado. Sin embargo, la operación no fue posible ya que la víctima no tenía saldo suficiente en su cuenta. Posteriormente, se llevaron al hombre a una vivienda donde lo mantuvieron, esperando que el banco abriera a las 8:30 horas.
Una vez en el banco, el acusado solicitó 2.500 euros a la empleada de la caja; sin embargo, la operación fue denegada. Ante la situación inusual, la directora de la entidad se dio cuenta de que algo no estaba bien. El acusado llegó a pedir a la directora que llamara a la policía, aunque finalmente no lo hizo por instancias de la propia víctima, quien se marchó nuevamente con los supuestos secuestradores.
Los acusados llevaban de nuevo a la víctima a La Atalaya cuando, posteriormente, lo condujeron a otra entidad bancaria situada en la calle Toledo. En este último lugar, la víctima logró pedir auxilio al director y activó la alarma, lo cual condujo a la llegada de la policía.
Frente a estos hechos, la Fiscalía ha solicitado penas que varían entre cuatro años y seis meses de prisión para dos de los acusados por detención ilegal y robo con violencia e intimidación. A esto se suma una pena de cinco años de prisión para los otros dos acusados, debido a un agravante de reincidencia.
