Tras dos años de limitaciones en las subidas de alquiler establecidas por el Gobierno para proteger a los inquilinos frente al impacto del aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC), el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará un nuevo índice regulador antes de que finalice el año. Este índice marcará un cambio significativo en las revisiones de rentas para el año 2025.
El aumento del alquiler en 2025 estará condicionado por este nuevo índice, diseñado para ofrecer mayor estabilidad y moderación respecto a las fluctuaciones observadas en los últimos años. Según Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices Administración de Fincas y Alquileres, «aunque el índice aún no ha sido revelado, se espera que represente un esfuerzo menor para los inquilinos y garantice incrementos más previsibles en el tiempo».
Un cambio regulador para estabilizar las subidas
Desde 2023, las subidas de alquiler se han limitado por ley a un máximo del 2%, aumentando al 3% en 2024, como medida para mitigar el impacto del IPC, que se disparó tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, estas restricciones finalizarán en 2024, dando paso al nuevo índice regulador del INE.
El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que los caseros pueden revisar el alquiler anualmente siempre que esta cláusula esté incluida en el contrato y que el ajuste siga las directrices marcadas por el índice oficial vigente. Este nuevo índice, según apunta Blanco, ofrecerá «una referencia más estable, diseñada para reducir el impacto de la inflación en los contratos de arrendamiento».
Impacto en los contratos de alquiler
Un punto clave que aún no ha sido aclarado es si el nuevo índice se aplicará de manera universal a todos los contratos existentes o solo a aquellos firmados tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda. En cualquier caso, Blanco subraya que «las subidas no tienen carácter retroactivo», lo que significa que, si el alquiler no fue revisado en años anteriores, los propietarios no podrán reclamar ajustes por atrasos.
Además, es importante señalar que los incrementos anuales del alquiler deben ser comunicados y ajustados según el índice vigente en el momento del aviso. Por ejemplo, si el índice de 2025 no se publica antes de enero, los propietarios podrían aplicar provisionalmente el índice actual (2%), ajustando posteriormente la renta una vez que se confirme el valor oficial.
Un índice que reemplaza al IPC
Históricamente, las subidas de alquiler estaban vinculadas al IPC, pero el Gobierno decidió intervenir debido al aumento exponencial de este indicador en los últimos años. Esta decisión fue especialmente relevante en 2022, cuando la inflación alcanzó niveles históricos, poniendo en riesgo la capacidad de los inquilinos para afrontar los pagos de sus rentas.
Aunque el nuevo índice aún no se ha dado a conocer, Blanco señala que el objetivo es «evitar la volatilidad del IPC y ofrecer un marco más sostenible para propietarios e inquilinos».
Recomendaciones para inquilinos y propietarios
Mientras se espera la publicación oficial del índice, es fundamental que tanto inquilinos como propietarios estén informados sobre sus derechos y responsabilidades.
- Para inquilinos: Verifique si su contrato incluye una cláusula de revisión anual y esté atento a las comunicaciones de su casero. Recuerde que los ajustes deben basarse únicamente en los valores oficiales publicados por el INE.
- Para propietarios: Asegúrese de comunicar cualquier incremento de manera clara y dentro de los plazos establecidos. Además, considere aplicar el índice vigente en enero (2%) hasta que se confirme el nuevo valor de 2025.
Un cambio hacia la estabilidad
Con el nuevo índice del INE, el Gobierno busca un equilibrio entre proteger a los inquilinos y garantizar la rentabilidad para los propietarios. Aunque los detalles completos se conocerán en las próximas semanas, los expertos anticipan que este enfoque más estable reducirá las tensiones en el mercado del alquiler, especialmente en un contexto donde la vivienda sigue siendo un tema central en el debate público.
Este cambio marca un paso hacia una regulación más moderna y sostenible que, si se implementa correctamente, podría beneficiar tanto a inquilinos como a propietarios en los años venideros.
