Los sindicatos CSIF, STAS, CCOO y UGT han presentado este viernes una solicitud de reunión urgente con el vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. El motivo de esta petición es el debate en torno a los posibles «riesgos de privatización» que podría acarrear la futura Ley de Simplificación Administrativa de la región.
Victoria Ortiz, representante de CSIF, declaró a los medios en Toledo que esta iniciativa surge tras advertir en el anteproyecto de ley la inclusión de una figura nueva: las entidades colaboradoras de la Administración, que son entidades privadas. Estas entidades tendrían la capacidad de gestionar diversos procedimientos administrativos que actualmente son competencia de los empleados públicos, como la solicitud de ayudas o certificaciones.
La introducción de estas entidades en el nuevo marco legislativo genera preocupación entre los sindicatos, que consideran que esta medida podría significar una transformación significativa de las potestades administrativas, actualmente reservadas al personal funcionario. Ortiz subrayó que este cambio podría llevar a que decisiones cruciales, como la resolución de solicitudes ciudadanas, sean delegadas a entidades colaboradoras, lo que representa un «riesgo muy grave» de privatización del funcionamiento administrativo.
Desde CCOO, su coordinador en el sector autonómico, José Luis Martínez, también se mostró crítico. Lamentó que el anteproyecto de ley, aunque pretende agilizar los procedimientos administrativos, en su esencia oculta una privatización de funciones que actualmente garantizan el interés público. Además, destacó una nueva figura regulada en la norma, la declaración responsable, que permitiría a los ciudadanos realizar trámites sin la necesidad de autorización previa de la Administración, lo cual podría tener consecuencias irreparables en áreas como el patrimonio cultural y el medio ambiente.
Rosario Madrigal, de UGT, advirtió sobre el impacto económico que podría suponer la intervención de entidades colaboradoras, además de la posible gestión indebida de datos sensibles que no estarían bajo el control de trabajadores públicos.
Gustavo Fabra, del sindicato STAS C-LM, reclamó el diálogo social que, según dijo, ha sido ausente en la elaboración de este anteproyecto, que se presentó sin contar con las opiniones del sector. Fabra insistió en la necesidad de que el Gobierno aclare los motivos detrás de estas medidas y sus potenciales consecuencias.
Los cuatro sindicatos han decidido difundir un manifiesto entre diversas organizaciones sociales y no descartan la realización de movilizaciones. Anunciaron la organización de asambleas en centros de trabajo de la Junta y una «alerta roja» en la administración pública para defender la potestad pública como una garantía de derechos para los ciudadanos, preparando así el terreno para un ciclo de movilizaciones si no se atienden sus demandas. Fabra concluyó subrayando que el Gobierno debe ser consciente del «precio» que estará dispuesto a pagar por esta potencial privatización de servicios públicos, un tema que anteriormente no había sido abordado en la administración autonómica.
