La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su preocupación ante el aumento de 801 desempleados en febrero en Castilla-La Mancha, lo que eleva la cifra total de parados en la región a 131.162, según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento coloca a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad autónoma donde más ha aumentado el paro, marcando un comienzo de año complicado con 3.396 empleos destruidos entre enero y febrero, de los cuales 2.693 corresponden a mujeres, lo que representa el 79,3% del total.
De cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se llevará a cabo este sábado, CSIF ha destacado las desigualdades persistentes en el mercado laboral de Castilla-La Mancha. De acuerdo a los datos de afiliación a la Seguridad Social de febrero, las mujeres solo representan el 34,3% de la contratación indefinida a tiempo completo, mientras que se eleva hasta el 73% en los contratos a tiempo parcial. Adicionalmente, las mujeres también asumen mayoritariamente la contratación temporal, tanto a tiempo completo (56,7%) como a tiempo parcial (65%).
CSIF ha señalado que las mujeres continúan llevando la carga del cuidado de menores y personas dependientes, lo que a menudo les lleva a reducir su jornada laboral, solicitar excedencias y aceptar contratos a tiempo parcial, afectando negativamente sus ingresos y pensiones futuras. La organización subraya la necesidad de avanzar hacia una conciliación real que no implique penalizaciones laborales ni salariales.
A su vez, el sindicato ha puntualizado que el sector de la Sanidad y los Servicios Sociales en Castilla-La Mancha ha eliminado 562 empleos en los primeros dos meses del año, a pesar del crecimiento de patologías respiratorias.
CSIF también ha reiterado su demanda de devolución de todas las subvenciones otorgadas por el Gobierno regional a los sindicatos CCOO y UGT, que ya superan los 44,2 millones de euros, una cifra que se ha visto aumentada por el último ingreso de 356.000 euros realizado el 26 de diciembre del año pasado. La organización considera que estas prácticas comprometen la independencia sindical y exige la restitución de estos fondos para su reinversión en la protección de los colectivos más vulnerables y en el fortalecimiento de los servicios públicos.
