El sindicato CSIF ha manifestado su disposición a colaborar con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha para enriquecer la Ley de Simplificación Administrativa a través de futuras enmiendas. Lorenzo Domínguez, líder del sindicato en la región, ha expresado la apertura del CSIF al diálogo con todas las formaciones políticas para garantizar el bienestar de la sociedad castellano-manchega, subrayando que no se deben a ninguna ideología política.
Domínguez ha revelado que ya se han llevado a cabo reuniones con el presidente del Partido Popular en la región, Paco Núñez, para discutir diversos aspectos de esta ley, que, aunque se presenta como un intento de modernizar la Administración y reducir la carga burocrática, también oculta, según él, una posible privatización de servicios públicos. Ha advertido que la nueva figura de las entidades colaboradoras podría resultar en la sustitución de empleados públicos, resaltando que el sindicato luchará para evitar despidos y defender la continuidad de estos trabajadores en sus puestos.
El presidente de CSIF ha criticado la creación de estas entidades, que se encargarían de tareas como la comprobación e inspección de procedimientos administrativos, y ha señalado que su financiación recaerá sobre los ciudadanos que requieran esos servicios. También ha abordado la cuestión de la deuda de casi 5.000 millones de euros que podría ser condonada a Castilla-La Mancha, indicando que esos recursos deberían invertirse en reforzar los servicios públicos, mejorar la educación y la atención geriátrica, entre otros.
En cuanto al posible aumento del número de diputados en la región, Domínguez ha rechazado tal medida, argumentando que los actuales son suficientes para cubrir las necesidades de Castilla-La Mancha y que el dinero ahorrado podría ser empleado en áreas más necesarias. Asimismo, ha valorado positivamente la oferta de empleo público de la Junta, que incluye más de 8.000 plazas, aunque ha resaltado la necesidad de continuar con mejoras en este ámbito.
Sobre la reciente situación del Hospital Universitario de Toledo, donde se ha cerrado parte del Laboratorio de Anatomía Patológica, Domínguez ha señalado que CSIF había denunciado el problema desde noviembre y ha instado a una atención más rigurosa a este tipo de asuntos. Además, ha mencionado una sentencia pionera en España que reconoce el derecho de una trabajadora a un permiso parental retribuido de ocho semanas, indicando que han comenzado a recibir más reclamaciones relacionadas con este tema.
Finalmente, respecto a la relación de CSIF con otros sindicatos, ha comentado que aunque la conexión institucional es escasa, existe una mayor colaboración a nivel sectorial. Domínguez ha concluido con un balance positivo de su gestión al frente del sindicato en los últimos diez meses, destacando un aumento en la afiliación en todos los sectores de la región y a nivel nacional.
