La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llevado a cabo este lunes concentraciones en todas las provincias de Castilla-La Mancha con el objetivo de defender el modelo de mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas) y exigir un nuevo acuerdo salarial, así como el cese de los recortes que afectan a los empleados públicos de la región.
La acción se produce tras una «masiva» manifestación el pasado sábado en Madrid, donde más de 35.000 mutualistas acudieron a la cita, de los cuales más de mil eran de Castilla-La Mancha. CSIF ha reiterado su compromiso con la continuidad de Muface, un modelo que, según el sindicato, ha demostrado su eficacia durante 50 años, tanto en términos de ahorro para las arcas públicas como en la descongestión del servicio de salud, el cual enfrenta dificultades para atender a todos los mutualistas sin sobrecargar el sistema. Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Castilla-La Mancha, enfatizó la urgencia de que el Gobierno concrete su próxima licitación para brindar certidumbre a los aproximadamente 74.000 empleados públicos en la comunidad.
Además de las reivindicaciones relacionadas con Muface, la Central Sindical ha alzado la voz ante la notable pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que ha superado el 20% desde 2010, en una comunidad autónoma que ha experimentado una de las tasas de inflación más altas del país. Por ello, reclaman un nuevo acuerdo salarial plurianual que esté vinculado al índice de precios al consumo (IPC) y demandan la convocatoria de la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha para discutir una subida retributiva.
En el contexto de retribuciones, es importante destacar que el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso de amparo presentado por CSIF ante la negativa del Congreso de los Diputados a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular que busca restituir la estructura salarial que existía antes de los recortes implementados durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. El sindicato argumenta que estos recortes han resultado en que los empleados públicos hayan trabajado entre 13 y 18 meses de manera gratuita en la última década, dependiendo de su grupo profesional.
CSIF también ha expresado su preocupación por el «deterioro» de los servicios públicos en la región, especialmente en el ámbito sanitario, mencionando que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) está limitando la incorporación de profesionales para cubrir incapacidades temporales, vacaciones o ausencias, lo que repercute negativamente en la carga de trabajo de los empleados actuales y en la atención a los pacientes. Asimismo, el sindicato critica la paralización de la carrera profesional y el incumplimiento en el pago de la productividad variable.
CSIF ha señalado que sus movilizaciones continuarán y promete adoptar medidas «más contundentes» si las administraciones no responden a sus demandas.
