La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llevado a cabo una serie de concentraciones en todas las provincias de Castilla-La Mancha este lunes, con el objetivo de defender Muface y exigir un nuevo acuerdo salarial que ponga fin a los recortes sufridos por los empleados públicos en la región.
Este movimiento se produce tras la «masiva» manifestación del sábado en Madrid, donde más de 35.000 mutualistas, entre ellos más de un millar provenientes de Castilla-La Mancha, se unieron para reclamar la continuidad del mutualismo administrativo, que incluye a Muface, Mugeju e Isfas. Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Castilla-La Mancha, destacó que este modelo ha demostrado su eficacia durante 50 años, favoreciendo tanto el ahorro para las arcas públicas como la descongestión de un sistema sanitario que enfrenta serias dificultades para atender a todas las personas mutualistas.
Domínguez subrayó la necesidad de una rápida licitación del Gobierno para aliviar la incertidumbre que viven aproximadamente 74.000 empleados públicos en toda España. Además, el sindicato también ha denunciado la significativa pérdida de poder salarial, que ha ascendido a más del 20% desde 2010, en un contexto de alta inflación en la comunidad autónoma. Ante esta situación, CSIF ha exigido un nuevo acuerdo salarial plurianual que esté vinculado al IPC y la convocatoria de la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha para discutir una subida retributiva.
En relación a las retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra una decisión del Congreso que rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular del sindicato para que los empleados públicos recuperaran la estructura salarial anterior a los recortes de 2010. CSIF ha expresado que estos recortes han significado que los empleados públicos hayan trabajado entre 13 y 18 meses sin remuneración adecuada en la última década, dependiendo de su grupo profesional.
Por otro lado, en el ámbito sanitario, el sindicato ha denunciado el «deterioro» de los servicios públicos, señalando que el Sescam está obstaculizando la incorporación de profesionales para cubrir incapacidades temporales, vacaciones o ausencias. Esta falta de personal no solo provoca sobrecarga para la plantilla actual, sino que también ocasiona demoras en la atención a los pacientes y la paralización de la carrera profesional, así como el impago de la productividad variable.
CSIF ha advertido que estas movilizaciones seguirán y se intensificarán si las administraciones no responden a sus demandas.
