Con motivo del Día de Castilla-La Mancha, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que se posiciona como el primer sindicato en la Función Pública de la región y ha incrementado su presencia en el sector privado, ha destacado la importancia de los servicios públicos en el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma. No obstante, el sindicato denuncia que estos servicios están siendo deteriorados y maltratados debido a unos recortes que no cesan.
La celebración de esta jornada coincide con la conmemoración de la constitución de las Cortes de Castilla-La Mancha, un parlamento autonómico que, tras la reciente aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, podría aumentar el número de representantes. En una nota de prensa, el sindicato ha expresado su preocupación por este hecho.
Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Castilla-La Mancha, señaló que «crecen los privilegios de unos pocos mientras seguimos lidiando con recortes que nos afectan en el día a día. Contar con unas Cortes con más políticos supondrá un gasto enorme para las arcas públicas que pagamos todos los castellano-manchegos». Esta crítica hacia el uso de los recursos públicos se extiende a la situación actual de los servicios públicos, donde se continúan observando restricciones en las contrataciones del personal sanitario y de trabajadores de la Junta de Comunidades. La temporalidad en estos sectores roza el 40%, afectando a más de 18.800 profesionales sanitarios y más de 10.300 docentes interinos.
Además de esto, CSIF menciona que se han paralizado derechos como la carrera profesional y se ha derogado el Plan de Acción Social, al tiempo que se ha negado una subida salarial para los empleados públicos de la región, a pesar de la pérdida retributiva acumulada a lo largo del tiempo. Domínguez enfatizó que «parece que sí hay dinero para unas cosas, como los altos cargos en la Junta, que ascenderán a 149 en 2025, o las subvenciones a sindicatos afines, que ya superan los 48 millones de euros. Pero parece que no hay dinero para los servicios públicos. Hay más de 147.000 empleados públicos en nuestra región que siguen esperando mejoras que no llegan».
A esta situación se suma la nueva Ley de Simplificación Administrativa, que CSIF ha calificado como un posible ataque a los servicios públicos, lo que abriría la puerta a su privatización.
Por otro lado, el sindicato también alerta sobre los desafíos sociales que enfrenta Castilla-La Mancha, resaltando que uno de cada tres ciudadanos está en riesgo de pobreza o exclusión social. Los salarios y pensiones en la región siguen estando por debajo de la media nacional, mientras que el desempleo femenino y la precariedad laboral continúan siendo preocupantes debido a la alta proporción de contratos temporales y jornadas parciales. Además, se lamentan las 58 muertes ocurridas el año pasado debido a la siniestralidad laboral.
Lorenzo Domínguez concluyó que CSIF seguirá luchando y actuando como un escudo para los colectivos más vulnerables, afirmando que «la recuperación de derechos, la mejora de las condiciones laborales y la lucha contra la precariedad no son solo justas, sino imprescindibles para construir una Castilla-La Mancha más próspera, igualitaria e inclusiva».
