La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su rotundo rechazo al posible aumento del número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, una medida que está contemplada en el nuevo Estatuto de Autonomía de la región. Según CSIF, el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP no solo permite que el proyecto de reforma del Estatuto avance, sino que también implicará un aumento significativo del gasto público. Este gasto se derivaría de la inclusión de hasta un máximo de 55 diputados, cuyo coste abarcaría salarios, dietas, asignaciones por actividad parlamentaria, así como el personal administrativo, asesores y recursos materiales adicionales.
La organización sindical señala que este incremento en el número de diputados es «difícilmente justificable ante la ciudadanía», especialmente en un contexto de aumento de precios y crisis económica. CSIF advierte que tal decisión podría incrementar la desafección de la ciudadanía hacia la clase política, que parece más interesada en mantener y aumentar sus privilegios que en abordar los problemas realmente importantes de Castilla-La Mancha. Además, expresa que esto podría erosionar la confianza en las instituciones.
CSIF destaca que, actualmente, la Junta de Comunidades cuenta con 149 altos cargos que generan un gasto anual superior a los 10,6 millones de euros, un número que ha aumentado notablemente desde 2017, cuando había 76 altos cargos registrados en el Portal de Transparencia.
Finalmente, la organización también argumenta que una ampliación del tamaño de las Cortes podría acarrear debates más largos e ineficientes, lo que dificultaría alcanzar consensos y, en consecuencia, aumentaría la fragmentación política. Aunque la Central Sindical se muestra de acuerdo con otros aspectos del Estatuto que buscan el bienestar de la región, su oposición al aumento del número de representantes en las Cortes es firme.
