La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), principal sindicato en la Mesa General de la Función Pública de Castilla-La Mancha, ha instado al Gobierno regional a detener la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa, tras recibir un «contundente informe negativo» del Consejo Consultivo.
Este anteproyecto, elevado en enero por el Gobierno de Castilla-La Mancha, es un paso necesario para su posterior remisión a las Cortes. Sin embargo, el dictamen emitido el 20 de marzo ha sido calificado por CSIF como un «auténtico varapalo», que cuestiona completamente la propuestas de la ley y respaldando las críticas del sindicato desde noviembre, las cuales apuntan que esta legislación representa un «atentado a los servicios públicos» y podría facilitar su privatización bajo el pretexto de mejorar la eficiencia administrativa.
El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, ha enfatizado que las entidades colaboradoras, mencionadas en el título IV del anteproyecto, permiten que cualquier gestión pública pueda involucrar participación privada, lo que podría llevar a un desmantelamiento progresivo de los servicios públicos.
El Consejo Consultivo ha señalado que la regulación de estas entidades presenta «una gran indefinición» en cuanto a las funciones que podrán ejercer y los ámbitos en los que podrán operar. Además, advierte que la amplitud de estas funciones podría usurpar competencias que son exclusivas de los empleados públicos, como está estipulado en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha.
El dictamen, descrito como «demoledor» en sus conclusiones, subraya que las funciones asignadas a las entidades colaboradoras pueden implicar una invasión de las competencias reservadas a la función pública, y abre la puerta a dudas sobre la compatibilidad, responsabilidades, reclamaciones y sanciones relacionadas con estas entidades.
Sánchez ha criticado la insensibilidad del Gobierno regional ante las advertencias de los representantes de los trabajadores y espera que se desestime esta normativa, que, en su opinión, amenaza con privatizar los servicios públicos fundamentales de la región.
