La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su preocupación ante el reciente aumento del desempleo en Castilla-La Mancha, donde se registró un incremento de 2.595 personas en enero, elevando el total de parados a 130.361, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este aumento del paro ha afectado a todas las provincias de la región y se asocia a la caída de la actividad en sectores como la hostelería y el comercio, que suelen sufrir un retroceso tras la campaña navideña. En concreto, el sector Servicios perdió 2.793 puestos de trabajo durante el mes.
La situación se agrava aún más al considerar que, según la Seguridad Social, la región ha perdido 2.246 afiliados en el Régimen General procedentes de las administraciones públicas y defensa (-1.403), educación (-394) y sanidad (-449). Este descenso en el ámbito sanitario es particularmente preocupante, dado que Castilla-La Mancha ha estado lidiando con altas tasas de infecciones respiratorias agudas que han saturado los centros de Atención Primaria y los servicios de Urgencia en los hospitales. CSIF destaca que esta situación ha llevado al colapso de estos servicios y ha incrementado las listas de espera, además de aumentar el agotamiento laboral de los profesionales del sector.
Otro aspecto alarmante que señala CSIF es la vulnerabilidad del empleo femenino en la región. Hasta el 80% del empleo destruido en enero afectó a mujeres, lo que representa 2.091 mujeres más en el paro, y ellas constituyen el 65,5% del total del desempleo. La precariedad en la contratación es también evidente, ya que las mujeres representan el 59,4% de los contratos temporales, porcentaje que se eleva al 65% en el caso de los contratos a tiempo parcial. Por el contrario, solo el 34,4% de los contratos indefinidos son firmados por mujeres.
Ante esta situación, CSIF ha solicitado la devolución de todas las subvenciones concedidas por el Gobierno regional a los sindicatos CCOO y UGT, que superan los 43,9 millones de euros desde 2014. La central sindical considera que esta suma debería ser destinada a fortalecer los servicios públicos y proteger a los sectores más vulnerables del mercado laboral en Castilla-La Mancha.
