La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su preocupación tras la publicación de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revelan un incremento de 5.500 parados en el último trimestre del año anterior. Este aumento eleva la cifra total de desempleados en la región a 126.800 personas.
El sindicato destaca que la destrucción de empleo ha impactado principalmente a las mujeres, con una pérdida de 5.200 empleos. En cuanto a la distribución por edades, el colectivo de 45 a 54 años ha sido el más damnificado, incrementándose en 7.300 el número de desempleados. Además, la situación se agrava con el desempleo de larga duración, que se eleva a 18.800 mujeres que llevan buscando empleo por más de 2 años, conforme a la información suministrada por CSIF en su comunicado de prensa.
Por otro lado, la EPA indica que la ocupación se redujo en 10.900 personas durante el citado trimestre, con una notoria baja en el sector público, que perdió 8.800 empleos. Esta situación es corroborada por el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que señala un porcentaje preocupante del 42% de empleados públicos en Castilla-La Mancha bajo contratos interinos y temporales.
A pesar de que la comparativa interanual muestra una reducción considerable de 19.800 parados, el sindicato advierte que el desempleo femenino todavía representa el 58,2% del total y mantiene una tasa del 16,2%, siendo 2,9 puntos más alta que la media nacional. Respecto al sector público, el balance del año 2023 finalizó de manera desfavorable con la pérdida de cien puestos de trabajo, en contraposición con el sector privado que observó un crecimiento en 18.700 empleos.
Finalmente, desde CSIF se hace un llamado para exigir la devolución de las subvenciones otorgadas a los sindicatos CCOO, UGT y a la patronal Cecam por el Gobierno regional, que suman 60,3 millones de euros, solicitando que estos recursos se enfoquen en políticas sociales dirigidas a proteger a los grupos más desfavorecidos frente al desempleo y para reforzar los servicios públicos de la región.
