La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su fuerte censura hacia la persistencia de recortes en los servicios públicos en Castilla-La Mancha, los cuales fueron instaurados durante la presidencia de María Dolores de Cospedal. Esta situación se pone de manifiesto cuando se cumplen diez años de la gestión de Emiliano García-Page al frente de la Junta de Comunidades.
Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Castilla-La Mancha, ha manifestado que, a pesar de las promesas hechas al inicio de su mandato el 4 de julio de 2015, muchos derechos aún no han sido reconocidos, el poder adquisitivo de los empleados públicos ha disminuido y hay restricciones en la incorporación de personal. Además, ha señalado que se proyecta un riesgo de privatización sobre los servicios públicos, lo que podría aumentar la desigualdad en la sociedad.
En un comunicado, CSIF ha detallado que los recortes y la pérdida de derechos afectan diversos ámbitos dependientes de la Junta, incluyendo la Sanidad, donde lamentan la parálisis de la carrera profesional, la falta de cobro de la productividad variable desde 2019, el cierre de camas en verano y el aumento de listas de espera. En el ámbito educativo, la organización ha destacado que interinos no reciben remuneración durante el verano después de haber trabajado cinco meses y medio, y han denunciado ratios y horarios lectivos superiores, así como la falta de apoyos. En la Administración General de la comunidad, se han evidenciado plantillas mermadas y privatización de servicios.
CSIF también ha denunciado la restricción a la contratación de personal en diversas áreas, incluyendo sanidad y centros educativos, lo que, según el sindicato, ha llevado a un deterioro significativo de los servicios públicos y ha causado un desgaste considerable entre los trabajadores. En este contexto, se menciona la futura Ley de Simplificación Administrativa, que permitiría la privatización de servicios públicos, siendo más aún preocupante que el propio ciudadano tenga que asumir costos por estos servicios.
Domínguez ha comparado la ley actual con la Ley 1/2012 de Cospedal, argumentando que representa un ataque similar hacia los servicios públicos y ha enfatizado que a pesar de la oposición sindical y un demoledor dictamen del Consejo Consultivo, el gobierno continúa adelante con estas reformas. La crítica se extiende a la pérdida de más del 20% del poder adquisitivo de los empleados públicos desde 2010, resaltando que el único incremento salarial fue del 0,5% en 2019. Mientras tanto, ha criticado la concesión de más de 51 millones de euros en subvenciones a los sindicatos CCOO y UGT.
Por último, CSIF ha puesto de relieve la elevada temporalidad en la función pública de la región, con datos recientes que indican que el 33,5% de los trabajadores públicos son temporales, representando un total de 46,771 empleados en esta situación en Castilla-La Mancha.
