La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su disconformidad con las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el Debate del Estado de la Región celebrado este martes. Según el sindicato, la intervención de García-Page se centró en los aspectos positivos de la gestión de servicios públicos y condiciones laborales de los empleados públicos, sin abordar las problemáticas existentes.
CSIF ha indicado que, desde 2012, los recortes en la Función Pública han afectado tanto a los derechos laborales como al ámbito salarial. En cuanto a los derechos, el sindicato ha señalado el “bloqueo de contrataciones en el Sescam”, la falta de reconocimiento en la carrera profesional, el impago de la productividad variable, así como “ratios y horarios lectivos elevados” y la precariedad del personal en la Junta. También han mencionado la desaparición del Plan de Acción Social y la privatización de diversos servicios.
Respecto a la cuestión salarial, CSIF ha cuestionado el dato proporcionado por García-Page, quien afirmó que los salarios habían aumentado un 23%. Según el sindicato, esta cifra no refleja la realidad, ya que desde 2010 los trabajadores públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo que supera el 20%.
El presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, ha indicado que persisten muchos recortes en los servicios públicos de la región, argumentando que aunque se han dado algunos pasos, es importante evitar un discurso triunfalista. Domínguez ha asegurado que las condiciones laborales en la comunidad son peores que en otras regiones, lo que impacta en la calidad de servicio que se ofrece a la ciudadanía.
En relación a las ofertas de empleo público, CSIF ha manifestado que, hasta el momento, solo conocen del procedimiento para 2.007 plazas de personal laboral y funcionario de la Junta, apoyando esta medida, pero manteniendo una postura vigilante para asegurar que se cumplan las 8.300 plazas anunciadas.
Por otro lado, el sindicato ha coincidido con García-Page en su crítica a la financiación singular de Cataluña, considerándolo un aspecto que afecta la igualdad y la solidaridad entre territorios. Consideran que las diferencias en financiación inciden en el acceso desigual a los servicios públicos y en el progreso de las regiones más necesitadas.
Finalmente, CSIF ha expresado su preocupación por los acuerdos mencionados por García-Page con CCOO, UGT y Cecam, especialmente el Plan Horizonte 2030, que prevé una inversión de 12.500 millones de euros. El sindicato teme que estos acuerdos se traduzcan en nuevas subvenciones y ha recordado que estas organizaciones han recibido más de 62 millones de euros en fondos públicos desde 2014, un monto que según CSIF podría haberse utilizado para fortalecer los servicios públicos en la región.
