La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su preocupación ante el incremento en el número de desempleados en Castilla-La Mancha según los datos más recientes. Con 933 personas más en situación de desempleo, la región se ha convertido en la tercera en pérdida de empleos durante el mes de noviembre, solo precedida por Castilla y León y Baleares, tal y como han revelado las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La tendencia negativa del mercado laboral en la comunidad autónoma se confirma con cinco meses seguidos de incremento del desempleo, sumando un incremento total de 9.355 desempleados. Además, noviembre ha sido catalogado como el peor mes desde el año 2017 en términos de empleo. Un dato alarmante resaltado por el sindicato es que el paro femenino ha representado el 76% del total del empleo perdido en el mes de referencia.
La CSIF también ha hecho hincapié en la disminución de afiliados a la Seguridad Social en el ámbito de la Administración Pública, con una caída de 8.842 cotizantes en Castilla-La Mancha. Este descenso se atribuye al envejecimiento de las plantillas y la finalización de diferentes planes de empleo implementados en la región.
En respuesta a estos datos, la Central Sindical resalta la necesidad de acelerar los procesos de selección y examinar minuciosamente las deficiencias en las administraciones locales para poder llevar a cabo convocatorias de empleo más amplias y efectivas.
CSIF reitera la vital importancia de los servicios públicos como herramienta para reducir las desigualdades y amparar a los grupos más vulnerables de la sociedad. La organización sindical advierte que la reducción de trabajadores en las administraciones públicas se traduce en un deterioro paulatino de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos en distintos ámbitos.
Finalmente, la Central Sindical reclama, una vez más, la devolución de las subvenciones otorgadas por el Gobierno regional a otras organizaciones como CCOO, UGT y Cecam, cuya suma alcanza ya los 59,6 millones de euros. Según CSIF, estos fondos deberían ser destinados a la consolidación de los servicios públicos y a la creación de empleos estables, en lugar de financiar a entidades afines al gobierno.
