La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha levantado la voz de alerta contra lo que considera una «privatización» inminente en el ámbito de los servicios públicos en Castilla-La Mancha, impulsada por el Gobierno regional mediante la Ley de Simplificación Administrativa. Este anteproyecto de ley, que se encuentra actualmente en fase de tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha, tiene como objetivo oficial la reducción de las cargas administrativas. Sin embargo, CSIF sostiene que bajo la premisa de aumentar la eficiencia en las relaciones de la Administración con la ciudadanía y el sector empresarial, la normativa introduce de forma preocupante figuras de colaboración público-privada.
En detalle, el título IV del anteproyecto contempla la creación de entidades colaboradoras que se encargarían de llevar a cabo funciones de comprobación, inspección y certificación en diversas áreas, incluyendo servicios sociales, sanidad, urbanismo y patrimonio cultural, entre otros. CSIF ha advertido que esto implica que prácticamente cualquier gestión pública podría ser realizada por la iniciativa privada, lo que podría derivar en un desmantelamiento de los servicios públicos tal como se conocen actualmente.
Además, la organización sindical critica que la Administración regional estaría delegando la responsabilidad ante reclamaciones ciudadanas directamente en estas entidades colaboradoras. Estas entidades se verían obligadas a contratar un seguro de responsabilidad civil con un valor mínimo de un millón de euros, lo que, según CSIF, no es suficiente para garantizar una rendición de cuentas efectiva.
Victoria Ortiz, secretaria de Negociación de CSIF Castilla-La Mancha, ha manifestado una profunda preocupación respecto a esta situación. «El Gobierno regional está blindando legalmente una futura privatización de los servicios públicos. En lugar de reforzar las plantillas de empleados públicos en áreas críticas como sanidad o servicios sociales, se permite que empresas privadas realicen funciones que deberían ser desempeñadas por la Administración. Se están eliminando funciones esenciales de la propia Administración», ha declarado Ortiz, subrayando el riesgo que ello representa para la calidad y accesibilidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía.
