Ciudadanos ha presentado más de 320 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y que, de ser aceptadas, supondrían una inversión de 400 millones de euros para la recuperación de Castilla-La Mancha. Además de estas enmiendas, hay que recordar que los de Arrimadas ya evitaron la semana pasada la subida de impuestos generalizada que querían llevar a cabo PSOE y Podemos y que tuvieron que descartar si querían contar con el apoyo de Cs en la votación de la tramitación de los PGE.
Así, de estos 400 millones de euros, 257 estarían destinados íntegramente a aquellas pymes y autónomos que hayan perdido al menos el 50% de su facturación debido a la COVID19 y que podrán solicitar estas ayudas a fondo perdido y que no tendrán que devolver.
Por otro lado, la formación naranja ha propuesto a través de sus enmiendas un plan ambicioso con medidas específicas para los negocios del sector del turismo y la hostelería de C-LM. Gracias a este plan se destinarían 66 millones de euros para sostener a las empresas y autónomos que viven de este sector.
Cabe recordar que, para sentarse a negociar la tramitación de los PGE, la formación de Inés Arrimadas impuso a PSOE y Podemos unas líneas naranjas para evitar una subida generalizada de impuestos. Gracias a estas medidas, las familias castellanomanchegas se ahorrarán 200 millones de euros que se quedarán en sus bolsillos y no irán a los sueldos de Pablo Iglesias ni de Pedro Sánchez.
Así, gracias a estas líneas naranjas, no habrá una subida del IVA a la educación concertada, y, por tanto, las familias con alumnos en escuelas concertadas se ahorrarán 670 euros por hogar. Del mismo modo, tampoco habrá una subida del IVA en la sanidad, lo que supondrá un ahorro de 470 euros en aquellos hogares que cuenten con un seguro médico.
Finalmente, Cs exigió también al Gobierno de Sánchez que no subiera el impuesto al diésel, lo que se traduce en un ahorro de 70€ por hogar a la hora de llenar el depósito, y también pidió al Gobierno de PSOE y Podemos que renunciasen a la fijación del tipo mínimo del 15% al Impuesto de Sociedades con el que pretendían obligar a más de 100.000 empresas castellanomanchegas a pagar esta subida.
