El Grupo Parlamentario Ciudadanos busca este jueves el apoyo de PSOE y Partido Popular para que el Gobierno de Castilla-La Mancha regule los grupos de interés o ‘lobbies’, que se proteja a los denunciantes de corrupción así como mecanismos de selección de los directivos públicos, un esquema retributivo de los altos cargos, rendición de cuentas y buen gobierno corporativo de las empresas a las que se incorporen, actualizando la normativa existente a las nuevas realidades de la región.
Así lo ha detallado la portavoz del grupo parlamentario, Carmen Picazo, al desglosar el contenido de la resolución que Cs ha presentado al debate general pedido por la propia formación naranja sobre la necesidad de luchar contra el conflicto de intereses y las llamadas «puertas giratorias» en el ámbito de Castilla-La Mancha, al que ni socialistas ni ‘populares’ han elevado propuestas.
Ciudadanos quiere que en esa futura regulación se extienda la figura de los conflictos de intereses más allá de los altos cargos y alcance la obligación de declaración de actividades a todos los funcionarios inmersos en procesos de contratación dentro de la administración regional; así como limitar las compensaciones por abandono del cargo existentes.
Picazo ha justificado este debate considerando que la calidad de vida de las personas tiene que ver con la calidad de vida de la democracia y esta, a su vez, basarse en la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas y la evaluación de las políticas públicas. «Aspiramos a regenerar la vida política y a este modelo», ha defendido, apuntando que «es posible que la ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones y sus representantes públicos».
Según la portavoz de Ciudadanos, si existe una desafección general de la ciudadanía hacia la política es porque «la sociedad es más crítica con las malas prácticas y cuando la crisis económica aprieta, las familias pierden la paciencia ante determinados comportamientos de la clase política», como cuando cargos públicos de partidos políticos pasan a cobrar sueldos desorbitados en empresas.
Sin citar su nombre, ha referido el caso de Javier Nicolás, anterior jefe de gabinete del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que fichó por Iberdrola, para ejemplificar lo que significa el concepto de «puertas giratorias», preguntándose si acaso va a esa compañía «porque tiene grandes conocimientos en cuanto a energía», teniendo en cuenta que es veterinario de profesión; o el del exministro socialista José Blanco, para reseñar que «si una empresa ficha a un político nunca puede ser como pago por los servicios prestados desde la administración».
Picazo –que en su segunda intervención ha lamentado que en cuestiones como esta se ve que PP y PSOE «son lo mismo»– es consciente de que «la política también necesita contar con los mejores en los puestos directivos» pero cree que «las empresas no pueden crecer a base de favores del Gobierno», apostando por estimular la excelencia de las empresas grandes «y a los políticos que no sirvan, dejarlos donde ellos decidan estar».
Es de la opinión de que el problema «no es que un político venga de la empresa privada y vaya a la administración pública y luego vuelva; el problema es que se derivan perjuicios a los ciudadanos porque hay personas que al hacer estas prácticas están mirando por sus intereses personales». Picazo ha asumido que «si queremos que haya políticos buenos tenemos que atraerlos y no pueden ver que si salen de la política se les condene».
PP: CS TAMBIÉN TIENE «PECADOS»
Desde el PP, la diputada Gema Guerrero, que ha comenzado lamentando que este debate no mejora la vida de los ciudadanos y la formación naranja lo que busca con él es «sacar rédito político», ha subrayado que el PP quiere tener la convicción de que quien está en la política a cualquier nivel lo está «por vocación, porque hemos venido a servir y no a servirnos de los demás».
Dicho esto, ha criticado que se intente «desacreditar a la política y a los políticos», preguntándose si acaso «los liberales no se tienen que regenerar» y eso solo afecta a PP y PSOE. En este punto, ha interpelado a Cs sobre qué entiende por puerta giratoria, porque esta formación, a su juicio, también «tiene muchos pecados», a los que ha puesto cara en los nombres del empresario Marcos de Quinto, el viceconsejero de Empleo de Castilla y León, David Martín, o el exlíder nacional de Cs, Albert Rivera.
«Mantenemos que hay que regularlo y controlarlo, rotundamente», ha expresado sobre las puertas giratorias Guerrero, quien ha recordado que fue el Partido Popular el que reguló el ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado en una ley que «endureció el régimen de incompatibilidades y la salida de altos cargos y su incorporación al mercado laboral», ya que «no se puede consentir que un alto cargo haya tomado decisiones políticas en sus juntas de gobierno que hayan podido favorecer a empresas en cuyo consejo de administración se va a sentar después».
No obstante, y consciente de que «la ley de incompatibilidades tiene muchas lagunas, aunque desacreditar a los políticos no beneficia a nada ni a nadie», la parlamentaria del PP ha apostado por garantizar a los profesionales que puedan incorporarse a la función pública para aportar su prestigio, trabajo y experiencia, que «cuando quieran marcharse puedan hacerlo», criticando que Cs venga a las Cortes a dar consejos como si «levitaran y no fueran políticos».
PSOE: REGULACIÓN NACIONAL
En último lugar ha sido la portavoz del Grupo Socialista, Ana Isabel Abengózar, quien ha dado la razón al PP en defensa de la política, añadiendo que tampoco en Ciudadanos «son puros y castos» y considerando «un error» echar tierra encima de la actividad política, en vez de hablar «del conflicto de intereses que supone este concepto de puertas giratorias» que hay que regular cuando dos intereses entran en conflicto.
Abengózar ha destacado que fue el PP el que puso en marcha la normativa para regular la función de los altos cargos y ahora faltaba regular los grupos de interés o ‘lobbies’, que es algo que por primera vez en España «va a hacer un socialista, que es el que le ha puesto el cascabel al gato», ha indicado, en referencia al Anteproyecto de Ley de Transparencia para regular la actividad de los ‘lobbies’ en el sector público, aprobado en el pasado Consejo de Ministros.
La diputada ha explicado que el texto «va determinar por primera vez cómo debe ser esa relación» entre «los susceptibles de recibir influencia y los que trabajan en esos grupos de interés». Así, contempla un registro de grupos de interés y determinará los perfiles de la administración que tendrán que tener en cuenta lo establecido en la ley, que clarificará las normas bajo las que se tendrán que producir las relaciones entre los que buscan actividad de influencia y los altos cargos de la administración implicados en esa toma de decisiones».
Respecto a las alusiones a Javier Nicolás, la socialista ha señalado que es una «persona que ha elegido libremente y le han fichado libremente en una empresa en la que su responsabilidad como alto cargo nada tiene que ver» con su trayectoria y, por tanto, «no existe tal conflicto, existe una buena apuesta por parte de la empresa que ha captado este talento».
