Cruz Roja, Diputación de Toledo y el Gobierno regional seguirán un año más atendiendo las situaciones de vulnerabilidad infantil de la provincia de Toledo, gracias a la firma de los convenios de ayudas de urgencia social para paliar situaciones de necesidad en este ámbito que han sustanciado las tres instituciones este miércoles.
En concreto, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García; el presidente del Comité Provincial de Cruz Roja Española en Toledo, Juan Carlos Santos, y el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, han sido los encargados de rubricar estos convenios, que durante el pasado ejercicio atendieron a 948 familias de 118 municipios de la provincia con 1.586 ayudas.
Gutiérrez ha resaltado la importancia de este acuerdo, que ha permitido que desde hace siete años «miles de familias» puedan recibir apoyo para necesidades básicas que no tenían cubiertas y en el que la Diputación invierte 600.000 euros, incidiendo en que más allá de las cifras son importantes «las personas, los nombres y los apellidos que hay detrás de los números».
Ha destacado que en la gestión de este programa no solo han sido «eficaces» sino que, lejos de ponerlo en riesgo, tras la pandemia se ha afianzado. Las familias vulnerables podrán con él cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene, limpieza, vestido, calzado o pagar el alquiler, la luz y el agua.
De su lado, Juan Carlos Santos ha valorado que las tres instituciones lleven siete años poniéndose «al frente de unas situaciones bastante complejas» y ha agradecido la colaboración de todas las partes y su responsabilidad.
«Ser tan puntuales y hacerlo tan rápido y tan seguro, nos permite hacer un trabajo adecuado», ha comentado el presidente del Comité Provincial de Cruz Roja Española en Toledo, que ha subrayado que este año esperan llegar a familias «con muchísimos problemas» y con niños.
AYUDA EN FUNCIÓN DE LA NECESIDAD
Por su parte, la titular de Bienestar Social, tras subrayar la importancia que tiene la unión conjunta a la hora de llevar acciones como esta, ha recordado que tras la pandemia el conflicto de Ucrania «nos ha puesto también en jaque y en tensión» a la hora de seguir ofreciendo ayuda a los ciudadanos, entre los que se cuentan los acogidos de forma solidaria provenientes de la zona en guerra, y ha afectado a la subida de precio y la inflación, «que también afecta a la economía de las familias».
Bárbara García ha explicado que en virtud del convenio –aprobado este martes por el Consejo de Gobierno–, la Consejería aporta los profesionales de atención primaria de Servicios Sociales, la Diputación inyecta la aportación económica y Cruz Roja su gestión para agilizar toda la tramitación. Además, los ayuntamientos ofrecen sus instalaciones para que los profesionales puedan hacer su trabajo.
A preguntas de los medios, la consejera ha detallado que el número de ayudas concedidas «dependerá de la necesidad de cada familia», y en función de esa necesidad se adaptará la ayuda, que no es «una cantidad», y que es compatible con otras ayudas.
